València.
El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciado un acuerdo con la Consellera de Agricultura, Mireia Mollá, para dejar de cobrar durante los próximos seis meses el canon de saneamiento a todos los hogares de la Comunitat Valenciana, lo que supondrá un ahorro de 139 millones de euros a las familias valencianas.
Así lo ha avanzado durante su intervención en la sesión de control en Les Corts donde ha explicado esta actuación “decidida” de la Generalitat por ayudar a las familias ante el alza de los precios, de la que se beneficiarán los 4,95 millones de ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat.
Esta medida, que será aprobada con carácter de urgencia en las próximas semanas, dejará en suspensión el tributo de saneamiento que pagan un total de 1,97 hogares en su recibo del agua, lo cual permitirá “dejar en los bolsillos de la ciudadanía” 139 millones de euros, es decir 23 millones de euros mensuales, ha manifestado.
El jefe del Consell ha destacado que la Comunitat Valenciana es la autonomía que más medidas económicas ha puesto en marcha para paliar los efectos de la actual situación de crisis generada por la inflación y la guerra en Ucrania, a pesar de las dificultades de financiación que sufre.
En este sentido, también se ha referido a la ayuda de 300 euros que aprobará este viernes el Consell para 150.000 autónomos de la Comunitat Valenciana, y que será compatible con los 200 euros que financiará el Estado. Además, ha recordado que, entre otras medidas, la Generalitat ha reducido un 10% todas las tasas de los servicios públicos valencianos, como las tasas universitarias, ha reducido las tarifas del transporte hasta en un 50%, y ha implantado la gratuidad del transporte en domingo.
Por otro lado, el president se ha referido a la Comunitat Valenciana es un “territorio de inversiones y de futuro” como resultado de la estabilidad, la confianza y el diálogo social generado por el Consell, lo cual ha posibilitado la decisión de Volkswagen de realizar en la Comunitat la mayor inversión industrial de la historia de España, así como la elección de Ford de desarrollar sus coches eléctricos en Almussafes frente a la alternativa de Alemania, y la reapertura de los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz ante el levantamiento de la sanción de la Unión Europea.
Seguimiento de inversiones estatales
Durante su intervención, el president ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento de inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana, acordada con el presidente del Gobierno, que de manera trimestral analizará los niveles de ejecución de los proyectos estatales e impulsará su cumplimiento.
El president ha reiterado la necesidad de que se cumplan todas las inversiones previstas en los presupuestos del Estado, y ha valorado que, según un informe del BBVA, la Comunitat Valenciana se sitúa dos puntos por encima de lo que le correspondería según su población y PIB en cuanto a fondos Next Generation EU.
No obstante, el president ha reiterado la exigencia de reformar el sistema de financiación autonómica, sobre el cual ha recordado que se necesita un acuerdo con el principal partido de la oposición para resolver la infrafinanciación, y ha reclamado un cumplimiento “estricto” del Estatut en lo que se refiere a las inversiones estatales en la Comunitat Valenciana.
Avance social
Ximo Puig se ha referido a la apuesta del Consell por generar empleo, así como por garantizar servicios públicos de calidad como la sanidad y la educación, y ha asegurado que actualmente la Comunitat registra un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, más de dos millones de personas, a pesar de la situación “compleja”.
Por último, ha señalado el avance en el ámbito social experimentado en la Comunitat Valenciana respecto a 2015, asegurando que es “evidente un cambio radical en las políticas sociales para mejorar la situación de quienes tienen mayores dificultades”. En este sentido ha explicado que los beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión han pasado en este periodo de 23.000 a 75.500 personas; el número de personas atendidas por el sistema de Dependencia se ha incrementado hasta las 122.000, frente a las 41.000 de 2015; y se ha creado el Ingreso mínimo vital que ya perciben 126.000 beneficiarios.
