– El Consell ratifica el contenido del Estudio sobre la Autonomía Financiera de la Comunitat Valenciana de la Comisión para la Reforma Tributaria
– El documento se divide entre medidas a desarrollar por la Generalitat, propuestas a elevar al Estado y tributos propios extrafiscales
– Defiende la fijación de límites mínimos y máximos para las comunidades autónomas que eviten el dumping fiscal en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y mayores beneficios fiscales para municipios en riesgo de despoblación
El Consell ha sido informado del contenido del estudio ‘Sobre el ejercicio de la Autonomía Financiera de la Comunitat Valenciana mediante el desarrollo de su propio sistema tributario e impuestos cedidos’, que ha elaborado la nueva Comisión para la Reforma Tributaria nombrada por el Consell en julio de 2020.
Para ello, se propone un conjunto de medidas fiscales destinadas a “avanzar en la progresividad y la justicia fiscal, dando apoyo a las políticas fiscales que de-fiende el Consell del Pacte del Botànic”.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha señalado que este informe hace especial énfasis en el hecho de que “no se trata de pagar más o menos impuestos, sino de que aquellos que más tienen deben contribuir más y los que menos tienen se les tiene que garantizar los servicios públicos”. Asimismo, se proponen medidas para “aligerar las cargas fiscales para las personas con menor renta y beneficios fiscales contra la despoblación”.
Oltra ha destacado que, en una época como la que estamos viviendo actualmente, “las personas expertas, lejos de hacer propuestas para eliminar impuestos, apuestan por hacerlos más progresivos, con el objetivo de garantizar la suficien-cia financiera y la prestación de servicios fundamentales a las personas con menos recursos”.
Asimismo, se habla de “la necesidad de armonización fiscal en el conjunto del Estado, para evitar los desajustas que se pueden dar cuando hay comunidades que no plantean la tributación de forma leal con el resto de territorios”, ha señalado la vicepresidenta.
Tres apartados
En concreto, el dictamen de los expertos y expertas se divide en tres partes diferenciadas entre las que destacan las medidas que puede impulsar la propia Generalitat, propuestas a desarrollar por parte del Gobierno de España en relación a la regulación de los tributos cedidos, así como un conjunto de actuaciones vinculadas a tributos propios “extrafiscales” para garantizar la suficiencia financiera de la Generalitat.
En este sentido, en relación con las propuestas a adoptar por la Comunitat Valenciana en materia de tributos cedidos, el informe respalda en su integridad el diseño actual del Impuesto de Patrimonio en la parte correspondiente al Consell e introduce una propuesta de reordenación de la bonificación sobre la cuota en adquisiciones mortis causa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En concreto, los expertos proponen generalizar el porcentaje de bonificación del 75%, que se aplicaría tanto a familiares del Grupo I y II, como a personas con discapacidad, si bien con el límite máximo fijado en 100.000 euros. Se trata de una alternativa que el informe califica de sencilla de aplicar al incluir un porcentaje de deducción constante y homogeneizado y que garantiza que todos los contribuyentes que se aplicaban la actual bonificación se la sigan aplicando, aunque con desigual efecto.
Así, de las cerca de 10.000 personas que en 2017 (año de referencia) tuvieron acceso a las deducciones, 9.586 obtendrían ahora mayor deducción y sólo los 213 que más herencias reciben -de los que tuvieron acceso a deducciones- obtendrían menores beneficios.
Igualmente, en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, propone tipos de gravamen más reducidos para algu-nos casos concretos como Transmisiones o arrendamientos de bienes situados en municipios en riesgo de despoblación; o, como alternativa, mantener los mismos tipos pero con mayores bonificaciones. Así mismo, en cuanto a los documentos notariales propone una bonificación del 100% para la documentación de escrituras de declaración de obra nueva en dichos territorios despoblados.
Finalmente se plantea una reforma de las tarifas autonómicas sobre el IRPF con dos opciones distintas en las que en ambos casos se mejora todavía más en la progresividad y efecto redistributivo, manteniéndose la recaudación prácticamente constante. En ambas, se propone una bajada de tipos para rentas bajas y medias, un incremento de los tipos para las rentas altas, manteniéndose constantes tanto los 10 tramos como el tipo máximo en el 29,50%.
Además, respalda mantener las deducciones actuales que atienden a circunstan-cias personales y familiares que supongan un valor añadido a las que ya se tienen en cuenta para cuantificar el mínimo personal y familiar, así como mantener las establecidas por donativos y donaciones. Por último, propone incrementar el mínimo personal para los residentes en municipios despoblados.
Medidas a adoptar por el Estado
En cuanto a las medidas a adoptar por el Estado a propuesta de la Generalitat, las personas expertas piden primar la progresividad del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la introducción de un mínimo exento de forma que los patrimonios mínimos quedarían excluidos de su pago y la fijación estatal de límites mínimos y máximos dentro de los cuales las comunidades autónomas pudieran ejercer su poder tributario, de forma que se reduciría la competencia entre territo-rios y el fraude fiscal motivado por deslocalizaciones.
También en materia del ISD, proponen una reducción de la excesiva carga tribu-taria en el ámbito de los tributos locales con una reordenación de la fiscalidad en casos concretos para que se respeten los principios de justicia tributaria sin incurrir en confiscación alguna; y también fórmulas más amplias de aplazamiento o fraccionamiento del pago para evitar que se renuncie a un número tan elevado de herencias por no poder hacer frente al pago puntual de las mismas.
Con respecto al Impuesto de Patrimonio, se solicita al Estado una armonización y limitación de determinadas potestades normativas de las comunidades autónomas en materia de deducciones y bonificaciones de la cuota de este impuesto, limitándolo a circunstancias personales de discapacidad, sin que en ningún caso puedan suponer una reducción de la cuota superior al 50%.
Además, se propone reforzar la normativa anti-abuso relativa a las deslocaliza-ciones y la efectividad del intercambio de información entre las Administraciones autonómicas y de éstas con el Estado en materia de deslocalizaciones, la situa-ción de bienes en el extranjero, la aplicación del “impuesto salida” previsto en la Ley de IRPF, así como sobre tenencia de participaciones en sociedades y entidades no cotizadas y sobre los emisores y titulares de cripto activos.
Al igual que en el ISD, se propone extender la aplicación de la normativa autonómica a los no residentes en España y, además, se considera “pertinente” mantener el límite conjunto de las cuotas del IRPF y Patrimonio en el 60% de las bases imponibles de este impuesto.
En materia de IRPF, el dictamen propone al Estado seguir la estela de la Comunitat Valenciana e introducir deducciones fiscales para fomentar la repoblación de zonas despobladas en el tramo estatal con el fin de compensar la desigualdad con que son tratados fiscalmente, puesto que a pesar de la insuficiencia de servi-cios públicos de los que disponen, son llamados a contribuir en términos idénticos a cualquier otro ciudadano.
Por último, la Comisión de Expertos Fiscales propone al Estado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), un mecanismo de conexión rápida entre la Agencia Tributaria y el Catastro para evitar dilaciones, al establecerse los valores de este último como método de com-probación de valores en la compraventa de bienes inmuebles y establecer exenciones o reducciones para la adquisición de vivienda habitual o implantación de una actividad económica en municipios con riesgo de despoblación.
Además, propone que se estudie declarar exentas todas las operaciones cuyo importe sea inferior a una determinada cifra para evitar el coste de control de infinidad de operaciones cuyo importe es muy reducido, así como la obligación de información a las plataformas de ventas directas online para que puedan estar sujetas a control.
Tributos propios extrafiscales
En relación a los tributos propios extrafiscales de la Comunitat Valenciana, piden a las administraciones públicas “mayor compromiso con la lucha contra el cambio climático, cooperando con el Fondo para la Transición Ecológica que permi-ta financiar las políticas de transición con impuestos, por ejemplo, sobre las emi-siones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, o sobre la emisión de gases de efecto invernadero por actividades y grandes establecimien-tos comerciales, entre otros.
En cuanto a la imposición sobre viviendas vacías o desocupadas, establece que podrían haber sido las Entidades Locales las que incorporaran en base a sus competencias recargos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, a pesar de que dicho impuesto ya está establecido en la Comunitat y, finalmente, abre la posibi-lidad de establecer un posible impuesto valenciano sobre bebidas con azúcares añadidos que viniese acompañado de otras políticas de salud pública para reducir la obesidad.
