Valencia, 24 de septiembre de 2021.
El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha vuelto a exigir al alcalde el cese del concejal Guiseppe Grezzi al frente de la EMT tras apuntarle a él y los responsables de la compañía en la investigación abierta por la Agencia Española de Protección de Datos por el robó de cuatro millones de euros de las cuentas de la EMT.
La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado expediente sancionador contra la EMT por infracción en relación a la estafa de más de 4 millones de euros de las cuentas. La Agencia afirma que “del procedimiento analizado se revelan evidencias respecto a que las medidas de seguridad tanto de índole técnica como organizativas de la EMT en relación con los datos que sometía a tratamiento, no eran los adecuados, tras la superación por terceras personas de las políticas de seguridad implantadas”.
“Este acceso no autorizado resulta determinante para las actuaciones posteriores desarrolladas por las personas suplantadoras que tienen por objeto obtener un beneficio económico”, añade el expediente sancionador de la Agencia
También afirma que “la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en función del riesgo, relacionada con la actividad pública de la entidad investigada agrava el reproche culpabilísimo y sancionador de la negligente conducta llevada a cabo”.
Mundina ha recordado que hace hoy dos años desde que se conoció el robo de 4 millones de euros de las cuentas de la compañía y no se ha recuperado un solo euro ni se ha dado con los autores materiales del robo. “Eso si el Gobierno de Ribó y Grezzi lleva gastados más de 130.000 euros en despachos de abogados para recuperar el dinero pero sin ningún éxito”.
Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos apunta a la falta de mecanismos como una de las causas de la estafa de los 4 millones de euros y “esto apunta directamente a Grezzi y los responsables de la compañía”, explicó Mundina.
Una EMT sin control
Los populares han vuelto a reiterar r que se asuman ya responsabilidades en la EMT. “Después de escuchar a los responsables y trabajadores de la empresa pública en la comisión de investigación, y tras los auditorias de la Sindicatura de Comptes y la Intervención General del Ayuntamiento, es evidente que no habían ni protocolos de control y la gestión en la EMT era un caos, pues robaron 4 millones de euros en cerca de un mes sin que nadie se dé cuenta”.
Aumento de altos cargos
La memoria anual de la EMT de 2020 ha puesto al descubierto la pésima gestión del Gobierno de Ribó y PSOE en la empresa pública de transportes. En pleno año de la pandemia, y con pérdidas millonarias en la EMT, el gobierno municipal ha seguido aumentando el número de altos cargos mientras se ha reducido el personal de operaciones, donde su mayoría son conductores.
Los cargos de dirección de la EMT en 2019 eran 79 mientras en 2020 se cerró con 98, es decir un incremento del 29%. Mientras, en la plantilla en operaciones, donde están incluidos los conductores, se ha pasado de 1.224 del año 2019 a los 1.194 del 2020, una reducción de 30 conductores lo supone una reducción del -2%, al igual que se recorta un -3% el número de técnicos pasando de 239 de 2019 a los 232 de 2020.
Este aumento de altos cargos en la EMT ha sido una tónica del Gobierno de Ribó y PSOE, ya que en 2016 los cargos de dirección era 39 trabajadores, por tanto en cinco años al frente de la EMT se ha aumentado en más de 59 lo que en porcentaje es un aumento del 151%.
Gestión de la entidad
El concejal del Grupo Popular, Carlos Mundina, señala que “resulta manifiesta y reiterada la falta de diligencia en la gestión de la entidad, que sigue haciendo caso omiso a los informes de entidades como la Sindicatura de Comptes, la Agencia Valenciana Antifraude, la Intervención General Municipal, el Síndic de Greuges o el Consejo de Transparencia, así como las propias auditoras privadas, con ocultación a los miembros del Consejo de Administración de documentación relevante para el ejercicio de sus funciones, al menos en lo que refiere a nuestra experiencia tras nuestra incorporación al Consejo de Administración de EMT en verano de 2019”.
Entre los documentos que se aporta la memoria anual de la Agencia Valenciana Antifraude que expone resumidamente la ausencia de protocolos y el incorrecto funcionamiento de los sistemas de control. “Los informes de control posterior realizados por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana (en relación con el ejercicio 2016) y por la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Valencia (en relación con la auditoría de cumplimiento del ejercicio 2018), pusieron de manifiesto deficiencias que, de haberse corregido, podrían haber detectado o minimizado el incidente”.
Entre ellas recuerda la Agencia “la ausencia de instrucciones internas de contratación, de procedimientos de aprobación de facturas, de evidencia documental en operativa contable, del cumplimiento del propio plan-programa de armonización, deficiencias en aspectos de la gestión del área de tesorería, entre otras. Parece plausible pensar que estos procedimientos internos concretos hubiesen dado la voz de alarma en alguno de los distintos niveles organizativos existentes, antes de efectuar unos 5 pagos por montante de 4 millones de euros, con las verificaciones por sus responsables y los acuerdos requeridos al efecto”.
También se adjunta también el extracto con las Recomendaciones de la SINDICATURA DE COMPTES del Informe de Fiscalización de EMT del año 2016 en que ya se ponía de manifiesto graves deficiencias que de haberse implementado por los gestores de EMT, tal y como señala la Agencia Valenciana Antifraude, “habrían detectado o minimizado el incidente”.
Y el último informe hecho público hace unas semanas de la AUDITORÍA DE CIBERSEGURIDAD elaborado por la SINDICATURA DE COMPTES del ejercicio 2020 (año posterior al fraude) y que se hizo público por parte de dicho organismo el pasado 4 de febrero de 2021. Este nuevo informe, vuelve a remarcar los deficientes controles de ciberseguridad que no cubren el mínimo legalmente exigible todavía un año después del fraude (“un bajo índice de madurez de los controles de ciberseguridad, cuantificado en un 51,5%, siendo el objetivo del 80,0%”.
