– «La inversión anual durante la pandemia supera los 230 millones mientras que en la gran recesión el antiguo gobierno se quedó en 13,7», explica Irene Gaviria
– La secretaria autonómica de Atención Primaria ha destacado que estas cifras «reflejan la apuesta real del Botànic por rescatar personas»
La inversión realizada desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la renta valenciana de inclusión durante los dos años de la pandemia motivada por la COVID-19 ha superado los 460 millones de euros, que benefician a un total de 75.305 personas.
Así lo ha explicado la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales, Irene Gavidia, quien ha destacado que estos datos «son un reflejo de la apuesta real del Consell por rescatar personas», en este caso a aquellas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y que han sufrido especialmente la crisis social derivada de la crisis sanitaria.
«Entre 2008 y 2014, los peores años de la gran recesión, la Generalitat invirtió en renta garantizada de ciudadanía 96 millones de euros, frente a los 460,4 millones de euros que se han invertido en los dos años que lleva la pandemia», ha indicado Gavidia, que ha incidido en que estos datos evidencian cuáles son las prioridades según quien gobierne.
En este sentido, ha resaltado que en cada año de la crisis de 2018, el antiguo gobierno invirtió una media de 13,7 millones de euros en el pago de la renta garantizada de ciudadanía, mientras que la actual, el Consell ha destinado 230,2 millones de euros al año para las familias valencianas en situación de exclusión, que perciben la renta valenciana de inclusión.
«Por cada año de esta crisis hemos invertido en renta valenciana de inclusión 16 veces más de lo que se invirtió durante la gran recesión del 2008 en renta garantizada de ciudadanía», ha concluido la secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales.
Reversión de la inversión
Gavidia ha apuntado que esta inversión, además de ayudar a aquellas familias que se encuentran en una situación de exclusión social, «se revierte en la economía de forma directa», y ha explicado que según un estudio de la Universitat de València «ha habido un retorno de 644,6 millones de euros que han dinamizado la economía».
Las 75.305 personas que son destinatarias de la renta, ha reivindicado, «no utilizan este dinero para tener cuentas en Panamá o especular en bolsa sino para hacer la compra en la frutería, papelería, cafetería, carnicería o peluquería de su barrio».
La secretaria autonómica de Atención Primaria y Servicios Sociales ha señalado también que la renta valenciana de inclusión funciona como una ventanilla única, lo que significa que además de la prestación económica, aquellas familias que lo necesitan también reciben un complemento para el pago energético y otro para el pago del alquiler o la hipoteca, además de becas y otras ayudas a las que puedan tener derecho.
Estas ayudas para el consumo energético representan alrededor de 16 millones de euros, ha apuntado Gavidia, y ha incidido en que esto supone «una ayuda directa a las familias más empobrecidas que tienen dificultades para mantener su casa caliente o pagar el alquiler».
Los itinerarios de inserción
La prestación económica de la renta valenciana de inclusión, ha recordado, va acompañada de los itinerarios de inserción sociolaboral, habilidades sociales y empoderamiento personal vinculados principalmente a las personas beneficiarias de esta ayuda.
Así, a través del programa T’Acompanyem se ha atendido, formado y acompañado a 23.127 personas desde que se puso en marcha en 2016, con un grado de éxito del 41%, que supone que 9.495 valencianos y valencianas han encontrado trabajo o se han reincorporado a los estudios al terminar el programa.
Gavidia ha indicado que para 2022 está previsto invertir, por una parte, 7 millones de euros para mantener estos itinerarios con el tercer sector y, por otra parte, 16 millones de euros para la creación de programas de implementación de itinerarios de inclusión social dentro del sistema de atención primaria en las entidades locales, que permitan a los ayuntamientos poner en marcha también estos itinerarios.
Una inversión total que superará los 23 millones de euros, que supone prácticamente doblar lo que se invirtió en 2021, ha concluido.
