Valencia, 17 de mayo de 2021
La Fiscalía ha incoado diligencias para investigar las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra en base a la denuncia que presentó el Grupo Popular en la Diputación de Valencia.
Los hechos analizados que se pusieron en conocimiento del Ministerio Público describen una actuación antes, durante y después del proceso de selección, que indiciariamente podría ser constitutiva de delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En el transcurso de ese proceso se detectaron situaciones en las que los técnicos han denunciado presiones por parte de algún responsable político, principalmente por parte del presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, Ramiro Rivera.
Desde el mismo momento en el que se determinó la persona ganadora del proceso de selección se puso en marcha una operativa para intentar revocarlo. Las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar se tomaron como base para paralizar la contratación, cuestión que el presidente del Consejo de Administración ordenó por escrito, amparado en los informes del jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera –quien fue detenido recientemente en relación al denominado caso Azud II–.
En ningún momento se atendió ni valoró la contestación que el Tribunal de Selección emitió al candidato que quedó en segundo lugar desestimando sus alegaciones. Los miembros del tribunal se han reafirmado en que el proceso de selección fue transparente y con todas las garantías legales por lo que si el candidato que alegó tenía dudas sobre el mismo debía acudir al órgano jurisdiccional correspondiente.
Los intentos repetidos de sacar adelante en el Consejo de Administración los informes del jefe de los Servicios Jurídicos poniendo en duda lo que ninguno de los candidatos impugnó en su momento, como la composición del tribunal y la confección de las bases, no tuvieron éxito.
Estas actuaciones sólo revelaron el especial interés en revertir el resultado final del proceso de selección que habían determinado los técnicos. Finalmente derivaron en una fractura dentro del Consejo de Administracion y en una situación de incertidumbre entre los responsables de la empresa pública.
Graves irregularidades
El portavoz del Grupo Popular, Vicente Mompó, ha lamentado que durante este proceso de los últimos meses se han producido graves irregularidades y ha quedado claro que «cuando los técnicos se mantuvieron firmes frente a la injerencia política, el equipo de Toni Gaspar optó por cerrar la empresa».
Mompó ha valorado positivamente que el Ministerio Público haya iniciado las investigaciones para poder «aclarar lo sucedido» y ha recordado que en el proceso de selección hay miembros del tribunal «que decidieron acudir a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar situaciones que no consideraban lógicas» y este organismo incluso concedió a alguno de ellos la «condición de testigo protegido».
Hay otras denuncias recogidas en el Consejo de Administración de Divalterra por parte del gerente, Antonio Mas, en las que asegura haberse sentido «juzgado por parte del jefe de los Servicios Jurídicos sin ni siquiera darle la oportunidad de hablar».
Mompó ha insistido en que «hemos sufrido multitud de cortapisas para acceder a los expedientes y ejercer la labor de fiscalización, se han producido nombramientos de consejeros que bajo la apariencia de técnicos tenían una clara adscripción política, y durante mese no hemos podido expresar nuestras quejas a lo que sucedía en Divalterra, por lo que parecía inevitable que fuera la Fiscalía quien investigara todo lo que ha acontecido».
Mompó ha explicado que «la decisión de cerrar la empresa obedece más a la pérdida de control político por parte del actual equipo de Gobierno de la Diputación que a cualquier otro condicionante y el hecho de anunciarlo en una Junta cuya celebracion habían forzado de los grupos de la oposición lo evidencia aún más».
Gaspar debe actuar con ejemplaridad
Mompó también ha destacado que la investigación de la Fiscalía sobre la selección de la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra se suma al procesamiento de Voro Femenia en el caso Alquería o al de la alcaldesa de Llaurí, Ana María González, que fue recientemente condenada por conducir en estado de embriaguez en la zona de ocio de la Marina de Valencia. Ambos son asesores de la Diputación con Toni Gaspar.
A ellos se suma un tercero, Raúl Pardos, que es asesor-coordinador del PSOE en la Diputación y que acaba de ser procesado por presunta falsedad documental en la causa de los “zombis” de Imelsa . En este caso, además, se da la circunstancia de que Pardos suscribió dos certificados haciendo constar que un asesor prestaba sus servicios en Imelsa cuando todo apunta a que en realidad trabajaba para el PSOE como asesor del actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar.
Por ello, Mompó ha pedido a Gaspar que «rompa su silencio y actúe con la ejemplaridad que exigen los valencianos». Ha recordado, por último, que esta tarde se celebrará un consejo de Administración de Divalterra, y que «cuatro días después de haber sido detenido y puesto en libertad con cargos José Luis Vera sigue en el cargo de jefe de los Servicios Jurídicos por la inacción de Gaspar y del propio Ramiro Rivera».
