“Desde hoy Divalterra solo existe en la historia. Punto y final. Se acabó”. Con estas palabras ha terminado el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, su intervención en la última Junta General de la empresa pública, la que certifica el cierre de la antigua Imelsa tras completarse un proceso de liquidación que ha durado 453 días, desde que el 23 de marzo de 2021 el presidente Gaspar anunciara la decisión de acabar con un ente “demasiadas veces utilizado como icono de la perversión”.
La Junta General celebrada tras el pleno de junio de la corporación provincial ha puesto fin a las tres décadas de existencia de la mercantil, “fruto de un análisis detallado y exhaustivo que tiene detrás años de trabajo y que de haberse iniciado antes hubiera evitado algunos sufrimientos”, ha señalado Gaspar, quien ha agradecido la profesionalidad de Afianza Asesores durante el proceso de liquidación y la responsabilidad y la comprensión de trabajadores, sindicatos, habilitados nacionales y equipo de gobierno para “salvar a las personas que integran la empresa y la función que ejercen”.
El máximo responsable provincial ha recordado que la decisión de cerrar Divalterra se tomó “para garantizar la dignidad y la estabilidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores, para acabar con la incertidumbre, el desprestigio y la ineficacia de una firma que tantas veces se ha alejado de su objeto fundacional, y para que las brigadas dejaran de ser prebenda, moneda de cambio de algunos políticos o coto particular de ningún ayuntamiento, que es lo que conseguimos dejando trabajar a los brigadistas bajo la coordinación y la profesionalidad del Consorcio de Bomberos”.
Tras los agradecimientos, incluido el dirigido a la bancada de la oposición por “los silencios públicos y los consejos discretos para salvaguardar la dignidad de muchas familias valencianas”, una crítica al “ruido político improductivo e irresponsable, el que busca el protagonismo sin pudor ni memoria”. Con la mirada puesta en el grupo Popular, el presidente Gaspar ha defendido que “cuando no tomas partido contra la corrupción la estás alimentando, por incompetencia o por oscuros intereses”, al tiempo que ha afeado los “continuos comunicados públicos en los que las palabras más utilizadas eran bloqueo y paralización”.
Gaspar ha arremetido contra una actitud política “basada en la amenaza y no en la presunción de inocencia y las buenas intenciones, tan inútil para la sociedad como para la reputación de las personas que tratamos de gestionar los recursos públicos, con decisiones a veces arriesgadas frente a los que prefieren la comodidad como compañera de viaje”. “Al Partido Popular de esta Diputació, gracias por nada”, ha rematado el presidente.
Más de un año de proceso
El cierre definitivo de Divalterra pone fin a años de trabajo del equipo de gobierno encabezado por Gaspar, con el epílogo de una liquidación que ha ejecutado Afianza Asesores, con la colaboración de los habilitados nacionales y los funcionarios de la institución en un proceso que ha durado aproximadamente 15 meses. El balance de cuentas deja un saldo positivo de tres millones de euros de los que pasa a disponer la Diputació.
El balance final de liquidación ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos, entre ellos Ciudadanos, que pese a mantener su postura inicial respecto al proceso, ha destacado “la gran labor y el trabajo minucioso” llevado a cabo por la empresa liquidadora de Divalterra.
En representación de Afianza Asesores, Elena Mazón ha explicado que “la mejor solución para Divalterra era su disolución”, y ha agradecido la confianza depositada por la institución, el papel de los habilitados nacionales y el esfuerzo de la plantilla y los sindicatos para llevar el proceso a buen término. “En ningún momento nos hemos sentido presionados”, ha concluido la responsable de la empresa liquidadora.
A finales de marzo de 2021, Toni Gaspar anunciaba en la Junta General de Divalterra el “cierre ordenado y definitivo” de la mercantil, situando a los trabajadores y trabajadoras como “máxima prioridad”. El siguiente paso, de manera simultánea, fue informar a las secciones sindicales de la empresa pública que los puestos de trabajo estaban asegurados, ya que los servicios se seguirían prestando con independencia del cierre.
Profesionalidad y diálogo
Dos meses después, la Diputació aprobaba en un pleno extraordinario el acuerdo para el traspaso de personal de la mercantil al Consorcio Provincial de Bomberos y la propia corporación, asumiendo así oficialmente las funciones de Divalterra. El proceso continuó con el nombramiento de Afianza Asesores como órgano liquidador, a propuesta conjunta de Intervención y Secretaría de la Diputació, dado que los habilitados nacionales consideraban a esta firma madrileña como “la oferta profesionalmente más adecuada”.
En este contexto, el Consejo de Administración de Divalterra cesó en sus funciones para que fueran el interventor y el secretario quienes trabajaran junto a los liquidadores en el tránsito hasta el cierre, en la línea expresada por el presidente Gaspar de “dejar trabajar a los que saben, de la mano de la ley”.
A finales de 2021, fruto del diálogo entre la Diputació y las secciones sindicales de Divalterra, se puso en marcha un plan de bajas voluntarias en condiciones ventajosas al que se acogieron 87 personas. Este sería el paso inmediatamente anterior a la integración de las brigadas forestales en el Consorcio de Bomberos y la asunción del resto de la plantilla en diferentes áreas de la Diputació.
De esta manera culminaba el traspaso de la plantilla desde la extinta mercantil hacia la corporación y Bomberos, con las mismas condiciones laborales que estas trabajadoras y trabajadores tenían en Divalterra. Actualmente, la totalidad de los servicios que ofrecía la empresa pública se siguen prestando desde el ente provincial y sus organismos públicos.
