– En dos años se han reparado 837 viviendas públicas y actualmente se trabaja en otras 218 y se tienen 345 en valoración
– El vicepresidente Martínez Dalmau asegura que la vivienda se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de las políticas del Consell
La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha invertido desde el inicio de la legislatura 29.464.295 euros en actuaciones de regeneración, conservación y mejora del parque público de viviendas de la Generalitat que gestiona a través de l´Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha).
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha asegurado que durante esta legislatura “la vivienda se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de las políticas del Consell y eso se traduce en esta fuerte apuesta por la vivienda pública, respaldada por inversiones históricas en esta materia”.
Desde julio de 2019, la Conselleria ha reparado 837 viviendas públicas: 355 en la provincia de Valencia, 329 en la de Alicante y 153 en la de Castellón. De estas viviendas, 168 se han reparado para regularizar la situación de las actuales familias que actualmente las ocupan, mientras que el resto se trata de viviendas recuperadas que, una vez que se finalizan los trabajos de mejora, se adjudican en alquiler a las personas que han solicitado vivienda pública y se encuentran con mayor necesidad.
Martínez Dalmau ha señalado que el compromiso del Consell “es que puedan acceder a estas viviendas todas las personas con necesidad habitacional y, en muchos casos, con riesgo de vulnerabilidad social. Se trata de cumplir con nuestra vocación de servicio público para que el acceso a la vivienda sea un derecho”. Asimismo, ha comentado que la alta demanda de viviendas sociales obliga a actuar ” a través de un aumento de la inversión y gestionando bien los recursos”.
En la actualidad, la Generalitat trabaja en la rehabilitación de 218 viviendas en distintos puntos de la Comunitat (122 en la provincia de Valencia, 64 en la de Alicante y 32 en la de Castellón) que se pondrán a disposición de los ciudadanos una vez finalicen los trabajos.
Además, los técnicos tienen en valoración otros 345 inmuebles, distribuidos de la siguiente manera: 224 en la provincia de Alicante, 103 en la de Valencia y 18 en la de Castellón.
Martínez Dalmau ha explicado que la falta de una política activa por parte de ejecutivos anteriores al Botànic dejó como herencia centenares de viviendas sociales vacías que no reunían las condiciones de habitabilidad. Para cambiar esta situación, la Generalitat ha movilizado importantes recursos económicos y humanos que se traducen en una inversión de 29,46 millones de euros. De ella, 13,59 millones de euros corresponden a la provincia de Alicante, 13,09 millones a la de Valencia y 3,52 millones a la de Castellón.
Regeneración urbana
Además de reparar las viviendas públicas y atender las reclamaciones de los residentes y los elementos comunes, la Vicepresidencia ha dado un gran impulso a la dignificación de los grupos de vivienda pública a través del desarrollo de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y Planes de Intervención Integral Sostenible (PINN).
El vicepresidente segundo ha destacado este tipo de actuaciones que ayudan a “favorecer la recuperación urbana, social e incluso económica” de los grupos en los que se realizan. Una acciones que están dirigidas a “mejorar las condiciones de conservación de los edificios, su eficiencia energética, eliminar barreras arquitectónicas e incluso se actúa en los espacios urbanos que rodean los inmuebles para crear lugares más agradables”.
En la provincia de Alicante, la Conselleria ha invertido casi seis millones en el desarrollo de ARRUS y otros 1,5 millones en PINS. Por lo que respecta a la provincia de Valencia, las actuaciones extraordinarias de regeneración urbana sumaron 3,34 millones de euros, correspondiendo 2,48 millones a PINN y 854.465 euros a ARRUS en distintos grupos de vivienda.
Por lo que respecta a la provincia de Castellón, la inversión en esta materia ha sido de un total de 1,5 millones de euros, distribuidos de manera equitativa entre intervenciones de ARRU y PINN.
