València, 12 de febrero de 2021.
“Las movilizaciones están aplazadas, no suspendidas, y volveremos a salir a la calle cuando la situación sanitaria lo permita para defender unos precios justos”. Así de tajante es el mensaje que trasladan las organizaciones profesional agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, La UNIÓ de Llauradors i Ramaders y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV)– a las administraciones un año después de convocar la tractorada-manifestación agraria más multitudinaria de València en lo que llevamos de siglo XXI, la cual colapsó las entradas y el centro de la ciudad con más de 20.000 personas y 1.000 tractores.
Las asociaciones claman de manera especialmente dura contra el Gobierno central y el ministro Luis Planas en particular porque en estos doce meses no ha aplicado soluciones eficaces a la crisis de rentabilidad de los agricultores y ganaderos. La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, ensalzada por Planas como la medida estrella del ejecutivo central en respuesta a la presión del campo, está teniendo una nula incidencia sobre los precios en origen y los abusos comerciales. Por ello, el sector urge al ministro a cumplir su promesa inicial y establecer de una vez por todas, a través del propio Ministerio o de otro organismo público, los costes efectivos de producción en cada producción agropecuaria y para cada eslabón que interviene en la cadena de valor, aunque sea mediante una horquilla dentro de la cual se incluya la mayoría de las explotaciones.
Los principales representantes de los agricultores en la Comunitat Valenciana también coinciden en reclamar al Gobierno una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 que acabe con la sistemática discriminación a la agricultura mediterránea y en especial a la agricultura valenciana. En concreto, solicitan a Planas que obedezca las directrices de Bruselas de tal manera que contemple adecuadamente en las ayudas directas a todas las frutas y hortalizas, hasta ahora excluidas en su mayoría de estas subvenciones en España. Asimismo, le pide que mantenga un régimen de pequeños agricultores simplificado y que no claudique ante las coacciones de otras comunidades autónomas para sacarse de la manga varios mecanismos, como la definición de superficie elegible, mediante los cuales, en última instancia, continuaría dejando sin apoyos a muchos productores valencianos.
Respecto a la Generalitat Valenciana, las organizaciones agrarias valoran la puesta en marcha de distintas mesas de negociación a fin de consensuar y avanzar en temas fundamentales como la propia PAC, la Ley de Estructuras Agrarias, los seguros agrarios, la investigación, la lucha contra plagas y enfermedades, los daños de fauna salvaje, etc. Sin embargo, el sector solicita a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que acelere el calendario de reuniones y que traduzca rápidamente el diálogo en medidas concretas y dotadas con suficientes recursos.
En materia comunitaria, el sector exige que la Unión Europea tenga en cuenta y consensue con los productores el Pacto Verde y las estrategias ambientales como De la Granja a la Mesa. Al respecto, rechaza la sistemática firma de acuerdos comerciales con países terceros sin tener en cuenta el estudio previo de repercusión sobre el campo europeo, la reciprocidad en materias tan sensibles como el uso de productos fitosanitarios, la competencia desleal, el solapamiento con la producción europea, la entrada continuada de plagas y enfermedades o el impacto ambiental que genera el transporte desde miles de kilómetros.
Los responsables de las organizaciones agrarias recuerdan que hace un año toda España estaba inmersa en una ola sin precedentes de protestas que denunciaban la demagogia de las políticas vacías que habían conducido al campo a una situación límite. Bajo el lema “Basta de engañar a los agricultores y ganaderos”, la tractorada-manifestación celebrada el 14 de febrero en València constituyó uno de los puntos culminantes de esta campaña reivindicativa. La irrupción de la pandemia del Covid-19 obligó a aparcar estas protestas, pero el sector agrario sigue unido y augura futuras movilizaciones mientras sus demandas continúen pendientes y mientras no perciban precios justos.
