6 de julio de 2022
La Portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha reclamado la paralización de la LOMLOE en la Comunitat Valenciana para el próximo curso 22-23 “al no estar todavía aprobada la normativa autonómica que la desarrolle por la falta de gestión de la Conselleria con los decretos que, a día de hoy, siguen estando en el aire”.
Gascó considera que “los equipos directivos no tienen tiempo suficiente para organizar el curso escolar con garantías jurídicas aplicando una normativa que en julio aún no está aprobada porque el Consell no ha hecho los deberes. Su aplicación solo estresaría al conjunto de la comunidad educativa porque tendría que hacerse a toda prisa, lo que ocasionaría múltiples problemas al conjunto del sistema educativo”.
Para la diputada popular, “no tiene ningún sentido que se pretenda organizar el próximo curso escolar en base a borradores, menospreciando el trabajo de directores y resto de docentes si hay cambios en la normativa y les toca volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Es un insulto a la labor organizativa de todos los claustros de la Comunitat Valenciana y no se puede tolerar que la incompetencia de la Conselleria de Educación recaiga en los equipos directivos. El problema es que en Educación están más pendientes de los líos de Oltra, de las cosas que pasan fuera de la Conselleria que de atender al sistema educativo valenciano. La comunidad educativa está pagando esta falta de interés”.
Beatriz Gascó ha pedido a la nueva consellera que “piense en los docentes, los equipos directivos y las familias. Además, no da tiempo a las editoriales de libros de texto para preparar los materiales ya que ni siquiera saben en qué lengua deberían prepararlos”.
La portavoz popular ha pedido que “se paralice de forma inmediata la aplicación de la LOMLOE y se de una moratoria porque se generaría una inseguridad jurídica sin precedentes en los centros educativos. Ni editoriales ni claustros tienen el tiempo suficiente a estas alturas para poder preparar el próximo curso escolar en condiciones. La consellera debe pensar en los alumnos y no en sus ganas de imponer una ley eminentemente ideológica”.
Por último, Gascó ha reiterado el anuncio de Carlos Mazón de “poner en marcha todas las medidas legales para frenar la aplicación de la ley y que se genera seguridad jurídica en los centros”.
