Valencia. 22-02-2022.-
El PP ha presentado una batería de alegaciones o enmiendas para reclamar a Ribó y PSOE que se modifique el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y evitar que se convierta en un verdadero reglamento mordaza para los grupos de la oposición y que dificulta el trabajo de control sobre el gobierno municipal. El nuevo ROP que quiere aprobar el alcalde y sus socios del PSOE restringe drásticamente a la oposición las preguntas, mociones, asuntos a preguntar y hasta cómo debe preguntarse. Sólo se admite una cuestión o interrogante por pregunta, que además debe ser “escueta y estricta”.
Ahora, en las enmiendas presentadas por el Grupo Popular se pide a Ribó que dé marcha atrás de todas las medidas que limitan el control de la oposición. Los populares han presentado un total de 26 enmiendas en un documento de más de 48 páginas.
La portavoz del PP, María José Catalá, afirma que el ROP que se pretende aprobar “es una nueva cacicada del Gobierno de Ribó y PSOE, nunca en tantos años de gobierno popular, con mayoría absoluta, se impidió de este modo la tarea constitucional de la oposición”. Los populares piden que se redacte un nuevo reglamento ajustándose a las recomendaciones realizadas por el Sindic de Greuges ante la denuncia del PP, que no se han respetado por el Ayuntamiento. Y además en el reglamento no se hace justamente lo que el Sindic indica: que el Gobierno tenga que responder clara completamente a las preguntas de la oposición.
El Sindic recogía que “recomendamos que, teniendo en cuenta los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito de actuación municipal, se aplique la regulación de las preguntas prevista en el Reglamento Orgánico del Pleno de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución Española), con la finalidad de potenciar este procedimiento de control y transparencia y mejorar su funcionamiento práctico para evitar las disfuncionalidades detectadas.”
Durante el presente mandato (2019-2023), la Junta de Portavoces celebrada en julio de 2019, con el rechazo expreso del Grupo Municipal Popular acordó por primera vez en democracia, un límite de cinco preguntas (iniciativas) por concejal al Pleno y otras 5 preguntas (iniciativas) adicionales por Grupo Municipal, de forma que un mismo concejal podía registrar más de cinco iniciativas hasta cubrirse las cinco extra pertenecientes a su Grupo Municipal. En cuanto a las comisiones informativas se mantenía la situación de mandatos anteriores, tanto en gobiernos del PSOE como del PP, es decir, no existía límites de preguntas y mociones.
La portavoz del PP, María José Catalá, ha asegurado que “de forma reiterada, hemos dicho que si las preguntas que plantean los concejales no se responden de forma rápida, clara y congruente, este procedimiento de transparencia y control no sirve para nada, puesto que resulta imposible fiscalizar y participar en la gestión de los asuntos públicos, ya que se impide injustificadamente el ejercicio del derecho fundamental a ejercer el cargo para el que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía (artículo 23 de la Constitución Española)”.
El nuevo reglamento limita a cinco el número de preguntas por concejal al Pleno. Se limita el número de interrogantes sobre un asunto a uno solo y además de forma “escueta y estricta”. Se impide volver a preguntar sobre un mismo asunto hasta transcurrir al menos seis meses. Se suprimen las cinco preguntas adicionales por Grupo Municipal al Pleno acordadas en la Junta de Portavoces de 2019.
También se limita a tres el número de preguntas por concejal a Comisión Informativa. Se limita a dos el número de mociones por grupo municipal a Comisión
Informativa. Se prohíbe registrar preguntas o mociones a los concejales que no pertenezcan a una Comisión Informativa. En conclusión, el Proyecto que ahora enmendamos resulta diametralmente.
Para Catalá el ROP mordaza de Ribó “es opuesto al espíritu y la letra de la recomendación efectuada por el Síndic de Greuges que la Alcaldía dijo aceptar, alejándose completamente de los objetivos del vigente Reglamento de Gobierno Abierto que señalaba la recomendación del Síndic y supone un ataque sin precedentes en esta ciudad a los derechos fundamentales de los representantes de los ciudadanos (art. 23.1 CE)”.
