Valencia, 15 de julio de 2021
El portavoz de Transparencia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha anunciado que “el PP pide reforzar el Consejo de Transparencia y que pase a depender de Les Corts”.
El Grupo Popular ha presentado hoy una batería de enmiendas a la proposición de Ley de Transparencia que persiguen, entre otras cuestiones, corregir las incongruencias e inconvenientes que el texto del Botànic depara para el Consejo Valenciano de Transparencia.
Entre las enmiendas del Grupo Popular, Pastor ha querido resaltar el bloque que van encaminadas a corregir la propuesta que PSPV, Compromis y Unidas Podemos han diseñado para el Consejo de Transparencia.
El PP propone un cambio de denominación. Pasaría a denominarse Consejo de Transparencia, Información Pública y Buen Gobierno. Para Pastor, “la importancia y las competencias del Consejo no solo deben centrarse en materia de transparencia, sino también en lo referente a información pública y buen gobierno”.
Otra novedad de los populares pasa por desligar al Consejo de Transparencia de la tutela por parte de la Conselleria competente en la materia y hacer que este órgano se adscriba a Les Corts en cuanto a su organización, funcionamiento y capacidad presupuestaria.
Según Pastor, “este cambio redundaría en beneficio de la independencia y autonomía del Consejo. Son varios los miembros del mismo que no ven con buenos ojos la tutela de la Conselleria. Les Corts son un paraguas más apropiado para el Consejo de Transparencia. De hecho, dos entidades garantistas como son la Agencia Valenciana Antifraude y el Sindic de Greuges están adscritas a Les Corts”.
En cuanto a la composición y funcionamiento del Consejo de Transparencia, desde el GPP chocan frontalmente con la propuesta que recoge la proposición de Ley de los grupos del tripartito de izquierdas en la que sus miembros se reducirían de 5 a 3 y los mismos tendrían rango y sueldo de director general.
Para Pastor, “la propuesta de la izquierda es más gasto, más aparato, más administración pública y menos calidad profesional e independencia. Los miembros del Consejo ni quieren ni pueden tener rango y sueldo de director general, es un disparate. Nosotros mantenemos el actual sistema de retribución de dietas y queremos que el número de integrantes refleje el de la composición parlamentaria de Les Corts”
No satisface a nadie
Pastor ha comunicado que el paquete de enmiendas del GPP afecta también a otros puntos del articulado de la proposición de ley de Transparencia porque “la propuesta del Botànic llega a debate con el descontento generalizado de los profesionales del sector, así como con la apariencia de ser un texto innecesario e ineficaz que deja sin resolver aquellas cuestiones puntuales que necesitan de una mejor regulación”.
Fernando Pastor ha explicado que “la fase de participación pública ha servido para poner de manifiesto, según los propios expertos en el campo de la transparencia que han comparecido en Les Corts, que la proposición de Ley de Transparencia es una propuesta que no satisface a nadie y que, para sorpresa de todos, no ha sido consultada previamente con profesionales y entidades relacionadas con la materia”.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de enmiendas parciales que pretenden eliminar o corregir aquellas incoherencias planteadas en el texto propuesto por los grupos parlamentarios del Botànic.
Por último, Pastor ha querido recordar que, “al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, el texto escapa a los filtros y controles mínimos deseables para un texto legal de estas características, ay una falta de fiscalización. No existe el dictamen del Consell Juridic Consultiu, el informe de la Abogacía de la GVA o el de la propia Intervención”.
Otras enmiendas
Algunas enmiendas que afectan a diferentes materias o apartados del texto legislativo:
· Proponemos la utilización generalizada de un lenguaje que obligue más y no relaje el cumplimiento de la ley y de los preceptos de la misma.
· Proponemos que no rebajen, como pretenden, los estándares garantistas en cuanto a la información pública. Un claro ejemplo es el artículo 26.3 en el que pretenden eliminar de la obligatoriedad de información aquella referida a los resultados, actividad y financiación de las políticas sociales de gasto (sanidad, educación y servicios sociales). Esta obligación venía recogida en la anterior Ley
· Desarrollo de una Oficina Técnica potente y exclusiva que trabaje para el Consejo de Transparencia y que la misma esté dotada desde Les Corts
· Comparecencia del presidente del Consejo de Transparencia en Les Corts para presentar la memoria anual, tal como hacen otros organismos.
· Destacar y reforzar el papel y especial relevancia de las diputaciones provinciales en la Ley como canales para poder llegar a las entidades locales más pequeñas en materia de transparencia
