– Oltra: “Este instrumento facilita al Consell los procesos de toma de decisión y gestión de fondos públicos para reparar los daños de la crisis por la COVID-19”
– Soler: “Nuestro objetivo es que la recuperación sea lo más rápida posible y que, a la vez, garantice todos los mecanismos de control necesarios”
Valencia, 1 de abril de 2021
El Pleno del Consell ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia económico-financiera que simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos e inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiados por los mecanismos europeos Next Generation y REACT para impulsar la reactivación económica tras la crisis generada por la COVID-19.
Asimismo, permite acceder a la mayor cantidad posible de recursos europeos para transformar el modelo productivo de la Comunitat Valenciana hacia una mayor resiliencia, sostenibilidad y digitalización. En este contexto, hasta el momento, la Generalitat ya ha presentado cerca de 200 proyectos por un valor que asciende a 12.000 millones de euros.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Pleno, que esta norma responde a la necesidad del Consell de “hacer frente a la reconstrucción de la economía valenciana y facilitar los procesos de toma de decisión y de gestión de fondos públicos para reparar los daños de esta crisis”.
En este sentido, ha señalado la importancia de desarrollar herramientas como esta “que nos permitan concentrar este esfuerzo financiero en un periodo reducido de tiempo, que se inicia ya en 2021, y que hace imprescindible adoptar de manera inmediata una serie de normas como este decreto ley, que permitirá a los órganos de la Administración autonómica responsables de movilizar las inversiones disponer a tiempo de instrumentos adecuados para maximizar la puesta en marcha de los proyectos para captar el mayor volumen posible de recursos”.
Por su parte, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha remarcado que la excepcional “gravedad y profundidad” de la crisis que está atravesando la Comunitat Valenciana como consecuencia de la COVID-19 “exige al Consell actuar con celeridad para eliminar -con la mayor urgencia posible- cualquier obstáculo que pueda entorpecer la puesta en marcha y el desarrollo de estas medidas de recuperación” aunque, eso sí, ha reiterado “garantizando en todo momento el necesario control y seguridad jurídica”.
De esta forma, Soler ha detallado cómo el decreto tiene como objeto por un lado “la propia agilización de los procedimientos y actuaciones relacionadas con el Plan de Reconstrucción” y, por otra “la modernización de la administración valenciana para abordar eficientemente la reconstrucción de la economía y corregir las debilidades que hemos detectado en algunos procedimientos administrativos” en la línea de lo estipulado en el RDL 36/2020 del Gobierno central.
“Nuestro objetivo es que la recuperación sea lo más rápida posible y que, a la vez, garantice todos los mecanismos de control necesarios”, ha afirmado.
“Tenemos que dar respuestas y soluciones diferentes para momentos que son a toda vista diferentes y extraordinarios”, ha sentenciado el conseller de Hacienda antes de reiterar que “para ello era necesario abordar una revisión de la regulación contenida en diversas normas de carácter horizontal, que faciliten los procesos de toma de decisiones y de gestión de los fondos públicos y que aceleren todo lo que se pueda la recuperación económica y la captación del mayor volumen de proyectos y de recursos procedentes de la Unión Europea”.
Novedades del Decreto-ley
Entre las novedades de este decreto-ley cabe destacar que permitirá la tramitación de urgencia de los expedientes vinculados a los proyectos e inversiones financiadas fondos europeos. En este sentido, los plazos previstos se reducirán a la mitad, excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos para garantizar en todo momento la seguridad jurídica.
La urgencia de las medidas relativas a la gestión y tramitación de los fondos europeos viene motivada por los breves plazos exigidos por el reglamento europeo para llevar a cabo las actuaciones, ya que al menos el 60% de los compromisos de gasto deben contraerse antes del 31 de diciembre de 2022. En cualquier caso, se mantienen los controles y fiscalización de los expedientes durante todo el proceso de su tramitación.
Por todo ello, se podrá recurrir también a la tramitación anticipada de cualquier tipo de expediente de gasto antes de que finalice el ejercicio, con cargo al ejercicio posterior, siempre que se garantice la existencia de fondos para posibilitar su ejecución a la mayor brevedad posible.
Además, y pese a disponer de un carácter urgente, los proyectos que tengan una transcendencia significativa por la tipología su proceso de gestión o para garantizar que su aplicación se adecúa a las directrices de la Unión Europea, estarán sometidos también a un régimen de control previo y verificación.
