· El sindicato alerta de la inseguridad y la indefensión que sufren los trabajadores
Valencia, 22 de septiembre de 2021
El sindicato CSIF exige a Instituciones Penitenciarias que cubra las alrededor de 400 vacantes de personal que existen en las prisiones de la Comunidad Valenciana y que provocan un elevado déficit de plantilla. La central sindical explica que esa escasez de profesionales, unida a otros graves problemas que soportan, ha motivado que sus delegados hayan tomado la decisión de no acudir a las celebraciones por la festividad de La Merced.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) hace hincapié en que los actos que tendrán lugar este viernes 24 en honor a la patrona de las prisiones “suponen un blanqueamiento de los dirigentes de Instituciones Penitenciarias, que han adoptado constantes decisiones perjudiciales para el colectivo de profesionales”.
El sindicato recalca entre los problemas existentes la escasez de personal debido a las insuficientes ofertas públicas de empleo, que “ni sirven para atender los fines que persigue la institución ni para cubrir las bajas por jubilación ni para rejuvenecer las plantillas”.
CSIF subraya la situación del centro penitenciario Antonio Asunción, ubicado en Picassent, el mayor de España en cuanto a población reclusa, que alcanza los 1.950 presos. El sindicato advierte de la necesidad de reducir el número de internos que alberga el centro debido a la escasez de personal en servicio interior para atender los módulos y también por las constantes deficiencias estructurales de las instalaciones penitenciarias.
La central sindical continúa apuntando, como ejemplo de este deterioro de las dependencias, que “casi un año después de las graves inundaciones del otoño
anterior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no ha accedido al cambio de ubicación de la sala técnica a pesar de los graves daños que sufrió y de que esa medida viene solicitándose desde 2003”.
CSIF alerta de otras cuestiones que afectan a las prisiones de la Comunidad Valenciana derivadas de “la nefasta gestión”, como “la privación de instrumentos y medios legales que restan operatividad al personal penitenciario o la pésima dotación de uniforme adecuado”. Añade igualmente “la pasividad de los responsables de la institución ante las injurias, calumnias o amenazas de que son víctimas los trabajadores o la obstaculización y el retraso injustificado de la Ley de Cuerpos Penitenciarios y, en general, la falta de una auténtica negociación que sustituya a la imposición y a la arbitrariedad”.
