El sindicato advierte de la “aplicación desigual” en la Comunidad Valenciana con el “obsoleto” decreto que ha entrado en vigor
Valencia, 13 de abril de 2021
El sindicato CSIF lamenta que el decreto de teletrabajo en la Generalitat que ha entrado en vigor esta semana “burocratiza el proceso y supondrá una aplicación desigual en las distintas consellerias”. La central sindical considera que, en la práctica, significa volver a los parámetros del ineficaz decreto de 2016, en un contexto totalmente diferente. Esta entrada en vigor coincide con un acuerdo, a nivel estatal, para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado, que permite llevarlo a cabo, de manera voluntaria, tres días a la semana.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirma que mientras que los alrededor de 12.000 funcionarios de Administración General del Estado (AGE) en la Comunidad Valenciana podrán acogerse a una modalidad de aplicación del teletrabajo “voluntaria y reversible”, los empleados públicos de la Generalitat dependerán de unos planes que debe solicitar cada subsecretaría de Conselleria y que, posteriormente, tienen que ser aprobados. Por tanto, en el caso de la Generalitat el teletrabajo no es un derecho de acceso voluntario por parte del empleado público.
CSIF recalca que el decreto del Consell que ha entrado en vigor esta semana dificulta, en la práctica, el teletrabajo. El sindicato explica que “para poder desarrollarlo la subsecretaría u órgano competente en materia de personal deberá solicitarlo a la dirección general competente en Función Pública. Recibida la propuesta, esta última realizará un análisis de la misma y puede pedir subsanaciones de la propuesta inicial. Luego tiene que publicarse el programa en el DOGV, aunque esto tampoco garantiza su aplicación, ya que queda también condicionada a crédito presupuestario”.
El sindicato añade que, además de destacar por las complicaciones burocráticas para su aplicación, el decreto autonómico no establece una
relación de puestos susceptibles de ser desempeñados por teletrabajo y obliga a coincidir, al menos un día a la semana, a toda la plantilla de la unidad administrativa cuyo personal esté inscrito en un programa de teletrabajo. Del mismo modo, marca un plazo máximo de un año, prorrogable, de periodo de duración máxima de un programa.
CSIF hace hincapié en que mientras que el acuerdo estatal contempla autorizar el teletrabajo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió durante el confinamiento, el valenciano “se ha quedado obsoleto y descontextualizado de la medidas sanitarias actuales”. La central sindical lamenta que el Consell no haya atendido sus alegaciones durante la negociación y que haya finalmente impuesto un decreto “poco ágil y que no reconoce el teletrabajo como un derecho del empleado”.
