- Emigdio Tormo defiende “una política agraria más justa con el sector, que garantice el reparto equitativo de los costes de transición hacia el nuevo modelo”
Valencia, 6 de abril de 2021.
Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas ha conseguido la aprobación de una iniciativa para que el Parlamento valenciano exija al Gobierno central que las condiciones de la nueva Política Agraria Común (PAC) no supongan ningún perjuicio para los agricultores valencianos.
Tal como ha recordado el diputado de Cs Emigdio Tormo, la nueva PAC, que debería haber entrado en vigor en enero de 2021, “contempla una serie de gastos de transición que podrían repercutir de manera directa en los agricultores y ganaderos más vulnerables”. “Precisamente por eso, desde Ciudadanos entendemos que estos costes podrían repartirse de forma progresiva y equitativa entre el sector primario español, que ha sido un pilar fundamental durante los momentos más duros de la pandemia, garantizando en todo momento el suministro”, ha añadido.
Según Tormo, “hasta ahora, el Gobierno central no ha peleado para facilitar que la aplicación de la norma europea se haga en una transición gradual suave de cara al próximo período de la PAC y esto puede poner en una difícil situación a algunos de los agricultores más productivos”. En este sentido, Cs ha planteado modificar “de manera urgente” la normativa para que se fije un límite máximo en la reducción que pueden sufrir los agricultores durante el llamado proceso de convergencia de los derechos de pago, contemplados en la nueva PAC.
Además, el portavoz de Cs en el área de Agricultura ha lamentado que las Administraciones “no hayan buscado el consenso con las organizaciones agrarias, que son quienes más van a sufrir las consecuencias del retraso a la hora de aplicar una nueva política agraria común”. En este sentido, Cs ha impulsado que, desde el Gobierno central, se reinicie inmediatamente el diálogo con las comunidades autónomas y con todo el sector para garantizar que las decisiones relacionadas con la nueva PAC se adopten con antelación y con el mayor consenso posible “para minimizar los efectos contraproducentes de los cambios y permitir a los afectados adaptarse a los mismos”.
