La Junta directiva de CEV Alicante, reunida hoy junto a la Comisión del Agua de la CEV, ha aprobado un documento que recoge su posicionamiento frente a la potencial reducción de disponibilidad de agua para el trasvase Tajo Segura prevista en el Plan hidrológico del tajo.
Al respecto, la junta ha querido destacar que este es un problema que no sólo afecta al sector agroalimentario, sino que impacta de la misma forma en el turismo, la construcción, la energía y, en definitiva, en toda la economía de la provincia. Más allá y en palabras del presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, “se trata de una cuestión estratégica para el bienestar de la ciudadanía, y tenemos que darle la importancia que por ello tiene”.
Aun así y sumado a los miles de empleos que soporta, el presidente de CEV Alicante considera prioritario defender al sector agrícola, ya que “es un sector que garantiza el aprovisionamiento de alimentos dentro de Europa y con la incertidumbre actual no hacerlo sería una temeridad”.
No obstante, sin perder de vista los miles de puestos de trabajo que se perderían y la actividad económica que se destruiría con una reducción de los recursos actuales, tal y como se pretende, el documento incide en centrar el verdadero debate de la cuestión, que es “exigir desde la sociedad una solución al tema del agua, basada en el rigor técnico y acompañada de un plan financiero que asegure la actividad económica y los empleos”. “Lo que queremos es que nos digan cómo vamos a mantener el bienestar social y el empleo que depende del agua, cómo llegarán los recursos y cómo se financiarán, y dejarnos de debates sin fondo”, ha añadido Joaquín Pérez.
CEV Alicante entiende que, dado el nulo eco que hasta ahora han tenido las demandas alicantinas en el gobierno estatal, es necesario y urgente que la sociedad alicantina y valenciana lideren un cambio de rumbo y exijan a los representantes políticos una verdadera solución de consenso nacional, a largo plazo y con seguridad jurídica, que en lugar de enfrentar a territorios hermanos promueva el consenso. Esta búsqueda de acuerdo debe ir en paralelo a la reclamación judicial motivada por la falta de rigor técnico y jurídico que ha sustentado el aumento de los caudales ecológicos del Tajo en el tramo de Aranjuez.
“Creemos absolutamente que existe un escenario en el que todos podamos estar de acuerdo, que asegure los recursos hídricos y el desarrollo económico de todas las regiones de forma justa, y esta solución para por la tecnología, las infraestructuras y la planificación con rigor”, ha afirmado Joaquín Pérez.
“En Alicante tenemos que aceptar soluciones alternativas y tenemos que caminar hacia ser más resilientes al cambio climático por nuestro propio bien, pero no es menos cierto que hoy por hoy el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable para garantizar el bienestar social de esta provincia, y haremos absolutamente todo lo que haga falta para luchar por nuestro futuro”, ha concluido.
