- El PP presentará una declaración institucional para reafirmar la calidad democrática de España y el respeto a las sentencias judiciales: “Pedimos a la izquierda de esta ciudad que condene firmemente la incitación a la violencia”
- Catalá exige que no se cuestione la democracia en nuestro país: “Las declaraciones de dirigentes de Podemos y de Compromís hacen un daño inmenso a los pilares de nuestra democracia y a la imagen de España”
- “La Ley es igual para todos. Aquí nadie cuestiona la libertad de expresión pero el enaltecimiento al terrorismo es un delito y quien incita a la violencia debe pagar por ello”.
Valencia, 17 de febrero de 2021
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha anunciado que el Grupo Municipal Popular presentará en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valencia una declaración institucional para reafirmar la calidad democrática de nuestro país y reprobar las declaraciones que el vicepresidente del Gobierno y otros dirigentes de Compromís han realizado al cuestionar la democracia en nuestro país.
“Esas declaraciones hacen un daño inmenso a nuestro país y es una irresponsabilidad absoluta que personas que ocupan altas responsabilidades en nuestro país cuestionen la democracia española.” ha afirmado Catalá que ha exigido “ a Podemos y Compromís que dejen de sembrar dudas sobre la democracia de nuestro país y no den alas a personas que enaltecen el terrorismo y legitiman el uso de la violencia”.
“¿No entendemos el concepto de calidad democrática de la izquierda valenciana que defiende a una persona que dice que brindaría cuando ETA vuelva a pegar un tiro en la nuca a alguien del Partido Popular”? ha denunciado Catalá.
La portavoz del Grupo Municipal Popular se ha referido a los disturbios que se registraron ayer tras la detención del rapero Pablo Hasél. “La ley está para cumplirse. Nadie cuestiona la libertad de expresión pero esta persona ha sido condenada por apoyar a ETA, Al Qaeda y el GRAPO, y por agresiones a un fotoperiodista y a un testigo de un juicio. Quien incita a la violencia debe pagar por ello, y las personas que ocupamos cargos públicos y, más si tienen responsabilidades políticas, debemos condenar de forma clara y sin fisuras la incitación a la violencia y, por supuesto, respetar las sentencias judiciales”, ha señalado.
