Valencia, 27 de marzo de 2021
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Mará José Catalá, ha pedido a Ribó que dé explicaciones por la investigación abierta por la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana por los sobresueldos que cobró el gobierno municipal de Compromís, PSOE y València en Comú en el anterior mandato.
“Es preocupante la investigación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude por el cobro de sobresueldos de concejales del gobierno de Ribó, PSOE y Podemos durante la legislatura pasada” ha afirmado Catalá que ha insistido en que “ es muy grave y debe llegarse hasta el final para conocer si desde el gobierno municipal se intentó burlar la Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Asimismo, ha anunciado que el PP registrará “una batería de preguntas sobre esta investigación y por los criterios por los que el gobierno de izquierdas decidieron el cobro de los sobresueldos de los concejales del equipo de Gobierno”
Los populares solicitan, además, los informes jurídicos, de Intervención y de Secretaría que pudieran alertar de un presunto fraude de ley estos sobresueldos.Tanto Ribó como el entonces portavoz de Compromis, Pere Fuset, reconocieron, al constituirse la presente Corporación en el año 2019, públicamente a los medios de comunicación de la existencia de este informe.
La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una investigación por el cobro de sobresueldos de ocho concejales de Compromís, PSOE y Podemos. En total, se cobraron de las arcas municipales 772.000 euros en sobresueldos durante la legislatura pasada de 2015 a 2019. La investigación se centra en cinco concejales de Compromís, tres del PSOE y dos de Podemos.
Los concejales de Compromís que cobraron los sobresueldos son el actual vicealcalde Sergio Campillo, Consuelo Castillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano y Gloria Tello; del PSOE la vicealcaldesa Sandra Gómez, Anais Meguzato, actual gerente de FGV, y Vicent Sarría, diputado del PSOE; y de Podemos Neus Fabregas y María Oliver, asesora del vicepresidente Dalmau.
Se investiga si los diez concejales, para eludir la ley Montoro, se fijaron un complemento de 25.000 euros al año y así poder cobrar el mismo sueldo que un concejal con dedicación exclusiva. Este complemento es el que ahora investiga la Agencia Valenciana Antifraude que dice que hay indicios razonables de veracidad de los hechos y por ello ha comunicado al Ayuntamiento que se abre una investigación.
La Agencia Valenciana Antifraude ya requirió en junio de 2020 información sobre estos cobros presuntamente irregulares para verificar la veracidad de los hechos y ahora ha vuelto a reclamar más información una vez abierta la investigación.
