– La consellera reclama de nuevo una ley estatal integral y destaca que la iniciativa es un paso más «para una sociedad libre de esta vergüenza»
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado que se ha solicitado a la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad la modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 para que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica.
Bravo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro Feminista «Propuestas Ordenanza Prostitución», organizada por el área de Protecció Ciutadana del Ajuntament de València en el que ha asegurado que esta iniciativa se une a las otras que ha puesto en marcha su departamento «para poder establecer una sociedad libre de prostitución».
La consellera ha explicado que la propuesta enviada a la Conselleria de Política Territorial se solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba «la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual».
Además, la propuesta añade que se debe establecer «un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual».
De esta forma, la propuesta de la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la Ley de Carreteras un nuevo apartado que defina como infracción grave «solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2. En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual».
En este sentido, se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros.
Asimismo, la consellera ha explicado que el modelo valenciano para erradicar la prostitución, «en el que estamos trabajando desde hace quince meses», está basado «en la necesidad de garantizar derechos fundamentales porque sin ellos no podemos hablar de democracia».
Por ello, Bravo ha defendido que, aunque hay que «poner el foco en los proxenetas», también «hay que mirarlas a ellas, que no están ahí por su voluntad sino porque seguimos arrastrando un concepto de sociedad patriarcal en el que hay hombres que consideran que tienen derecho a pagar por el cuerpo de una mujer»
«Desde la Generalitat vamos a seguir marcando el camino hacia la abolición con medidas concretas como la modificación de la Ley de Espectáculos y el modelo de Ordenanza Abolicionista para acabar con este fenómeno que nos avergüenza», ha concluido Gabriela Bravo.
