– La consellera asegura que se implementará el servicio ‘Mediaprop’ en 96 juzgados de paz de otros tantos municipios para «capilarizar» el servicio en las tres provincias
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que la Comunitat Valenciana se ha convertido en la única autonomía que «ha implementado un sistema de mediación gratuita» que no sólo reconoce este derecho «para quienes no dispongan de recursos económicos suficientes» sino que también lo extiende a «las víctimas del delito y las personas con discapacidad».
La titular de Justicia se ha expresado en estos términos durante su intervención en el seminario ‘De la mediación valenciana a la mediación en Latinoamérica’, organizada por la Cátedra Institucional para la Cultura de la Mediación de la Universitat de València.
Bravo ha detallado que la Justicia española tiene «grandes déficits», como su «organización judicial decimonónica y procedimientos obsoletos y costosos». A pesar de ello, según la consellera, «esta sociedad recurre a los tribunales para resolver casi todo, lo que ha provocado una excesiva judicialización que lleva a confundir el Estado de Derecho con el Estado Jurisdiccional. Y eso debilita todavía más al sistema que termina por no satisfacer a nadie por su lentitud y por su coste».
Ante esta realidad, la mediación presenta «muchas ventajas» como su rapidez y menor coste económico y personal para las partes que tienen que dirimir un conflicto que, con la mediación, «acaba sin vencedores ni vencidos».
Por estas razones, «nació en 2018 la Ley de Mediación valenciana, que apuesta por un modelo integral y de calidad» que la ha convertido «en un referente, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional», según Bravo.
Esto se debe a que la valenciana «es una norma más avanzada que la nacional y también más ambiciosa y comprometida con la igualdad de oportunidades al reconocer la gratuidad del servicio no sólo para quienes no dispongan de recursos económicos suficientes».
La consellera ha recordado que, en los últimos tres años, la Generalitat ha desplegado todo un desarrollo normativo, organizativo «y también presupuestario» para fomentar la Mediación como demuestra el hecho de que los presupuestos de 2022 contemplan partidas por valor de 2,2 millones de euros para este fin.
Por ello, y pese al poco tiempo que lleva en vigor la Ley, «ya hemos conseguido que la Valenciana sea la segunda comunidad autónoma en casos derivados a mediación familiar, sólo por detrás de Cataluña. Y somos la primera en asuntos derivados a la mediación civil, muy por delante de la segunda, que es Andalucía».
Por ejemplo, en el año 2021, los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana derivaron a la mediación a través de los Servicios de Orientación y Mediación que funcionan en los juzgados de Alicante, Castelló, Elche y València, un total de 669 procedimientos. De ellos, la mayoría pertenecían a los ámbitos Civil y de Familia. A su vez, un 13% del total de estos asuntos se trataron en el ámbito de la mediación y se alcanzó un acuerdo que evitó el pleito en el 45% de ellos.
«Ahora ?ha añadido?, nuestro mayor reto es consolidar la Mediación como un instrumento eficaz para la resolución de conflictos». Ahí se enmarca el Proyecto de Justicia Próxima que «vamos a implementar en todos los municipios de más de 7.000 habitantes en los que convertiremos los antiguos juzgados de paz en oficinas judiciales de proximidad y que contarán con espacios denominados Mediaprop. En ellos se promoverá la Mediación y se informará a la ciudadanía sobre otros instrumentos más económicos y satisfactorios para resolver las controversias.
El objetivo, según Bravo, es «capilarizar el servicio por todo el territorio para que los recursos estén al alcance de todas las personas, vivan donde vivan. De hecho, ya estamos implantando el sistema en casi 30 municipios y vamos a dotar de financiación a 96 ayuntamientos para crear espacios Mediaprop», ha concluido.
