– La consellera presenta ante los operadores jurídicos el decreto del reglamento que desarrolla la Ley de Mediación, que garantiza la gratuidad del servicio en todas las jurisdicciones
– Abre sus puertas el nuevo Centro de Mediación en la Ciudad de la Justicia de València, que ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido que la mediación podría resolver más de 5.000 de los 266.153 asuntos pendientes que los juzgados valencianos acumulan en el primer trimestre de 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Esta vía, además, permitiría acortar los plazos para la resolución de conflictos y ahorrar los 6,4 millones que costaría celebrar estos juicios, según Bravo.
Así lo ha explicado la consellera en la presentación, este martes, del Decreto del Reglamento de la Mediación que desarrolla la ley valenciana aprobada en 2018 y que, entre otras novedades, garantiza la gratuidad del servicio en todas las jurisdicciones. Además, la consellera ha visitado las instalaciones del nuevo Centro de Mediación ubicado en el vestíbulo de la Ciudad de la Justicia de València y que ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros.
Gabriela Bravo ha explicado que la Comunitat Valenciana “sigue dando pasos para consolidar la mediación como una de las alternativas a la resolución de controversias” que puede ser, en tiempos de pandemia, “una vía complementaria que ayude a aligerar la carga de trabajo de los juzgados y permitir a la ciudadanía una solución menos costosa para resolver sus controversias”.
En este sentido, la consellera ha recordado que si la vía judicial tarda, de media, entre 10 y 14 meses en resolver los asuntos, por la vía de la mediación, el plazo se reduce a tres. No obstante, con el apoyo a la mediación, “el Consell no pretende sólo acortar tiempos, aligerar el número de asuntos que hay pendientes en los juzgados u ofrecer una alternativa más económica” sino también que la ciudadanía “piense también en diálogo cuando se enfrenta a la resolución de un conflicto”.
Para ello, la Generalitat, a través de la Ley y el Reglamento, “pone los medios para llevar a cabo la mediación en todo tipo de controversias”, con lo que la Valenciana es “la única comunidad que posibilita en todas las jurisdicciones esta vía de resolución de conflictos”. Además, fomentará la calidad de la actividad mediadora a través de un sello de calidad y garantizará su acceso a través de la mediación gratuita.
En este sentido, el Decreto regula la mediación gratuita, y la equipara a la justicia gratuita de manera que la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a cualquiera de las dos vías de resolución de conflictos: litigio o mediación.
Los beneficiarios y beneficiarias de la mediación gratuita serán las personas con escasos recursos económicos, pero también personas con discapacidad o quienes tengan reconocida la condición de víctima del delito. “La Comunitat Valenciana ?ha recalcado la consellera? vuelve a ser pionera, incluyendo a estos dos colectivos entre las personas que podrán optar por la mediación gratuita”.
El decreto también garantiza la excelencia y la calidad de los servicios de mediación. En ese sentido, se regula un sello de calidad que acreditará a entidades y profesionales de la mediación.
Para Gabriela Bravo, esta medida “es fundamental para que la ciudadanía confíe en la Mediación como una alternativa con todas las garantías necesarias para resolver sus conflictos”.
La Comunitat Valenciana está entre las primeras autonomías en mediación intrajudicial. Según los datos del CGPJ, en 2020 esta autonomía fue la tercera en casos derivados a mediación familiar, solo superada por Cataluña y Galicia; también la tercera en mediación penal, por detrás de Cataluña y País Vasco, y la segunda en asuntos derivados a la mediación civil tras Cataluña.
“Nuestra aspiración como gobierno es hacer una Comunitat Valenciana más justa y que sea una justicia donde el diálogo tenga cada vez más peso”, ha dicho la consellera.
Según Bravo, para ello, “herramientas como el Reglamento de Mediación son fundamentales y no sólo porque pueden propiciar un cambio de visión en la ciudadanía, para que perciba la justicia como una administración más próxima y amable, sino porque a través de la mediación estamos fomentando la convivencia y el entendimiento y, en definitiva, valores democráticos como el diálogo y el consenso”.
