8 de agosto de 2022
El portavoz adjunto del GPP, Miguel Barrachina ha exigido hoy a Sánchez que “los agricultores no paguen la factura eléctrica cuando no rieguen. Es necesario contemplar la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad en cada momento del año”.
Barrachina ha denunciado que “el campo valenciano no puede hacer frente a este incremento de los costes ya que las facturas de los regantes se han incrementado de forma desmesurada duplicando a las del ejercicio anterior, por los mismos riegos, lo que les obliga en muchos casos a renunciar a regar sus campos”.
Así, el portavoz adjunto ha explicado que el GPP ha presentado una iniciativa en la que se insta al Gobierno de Sánchez a cumplir con lo que estaba previsto en marzo de 2018 cuando gobernaba el PP y que desarrollen el reglamento para que los regantes puedan disponer de dos potencias eléctricas diferentes. Esta medida favorece la competitividad de las explotaciones agrarias en nuestro país. Sánchez tardará menos en aprobar el indulto a Griñán que esta doble tarifa eléctrica para nuestros agricultores”.
“Existen ámbitos económicos, como la agricultura vinculada al regadío, que se consideran especialmente perjudicados por la nueva regulación ya que se incrementan los períodos más caros y se reducen los más baratos precisamente en los momentos en los que los cultivos necesitan de los riegos. Además, la brevedad de los horarios que podrían resultar menos caros hace imposible que los agricultores puedan acumular los riegos para optimizar el gasto”, ha explicado.
En este sentido, Barrachina ha afirmado que “hay que poner en marcha un modelo de tarifación favorable y adaptado a las especiales características del sector agroalimentario español a fin de incentivar la incorporación de jóvenes y asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor fundamental de la economía del medio rural”.
Barrachina ha explicado que “es urgente que se adopten las medidas necesarias para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa y se potencie la implantación de energías renovables en el mundo rural como mecanismo de reducción de emisiones, ahorro de costes y, por tanto, complemento de los ingresos de los agricultores y ganaderos”.
