Valencia, 12 de marzo de 2021
El Portavoz de Agricultura del Grupo Popular en les Corts, Miguel Barrachina, ha señalado que “Agricultura está de brazos cruzados ante el brote de rinoneunomía equina que afecta a la Comunitat Valenciana”.
Barrachina ha señalado que “la Comunitat Valenciana se ha convertido en exportador de virus, en difusor de malas noticias en sanidad animal y en sanidad vegetal. El virus equino ha salido de la Comunitat Valenciana y mata caballos aquí y -por el momento- en otros ocho países. Algo similar pasó con el cotonet de Les Valls que afecta a los cítricos. Empezó aquí, Agricultura decidió no tratarlo y, un año después, ya se ha extendido a toda la Comunitat Valenciana y a provincias colindantes como Tarragona o incluso la región de Murcia. Da la sensación que la consellera de Agricultura es incapaz de tomar decisión alguna y ahora anda buscando a quién echar la culpa para evitar responsabilidades”.
Ante esta situación, el Grupo Popular ha presentado por registro de Les Corts la petición de comparecencia de la consellera de Agricultura, Mireia Mollá, “para dar cuenta de la situación del brote de rinoneunomía equina que afecta a la Comunitat Valenciana”.
Además ha realizado una serie de preguntas escritas a la Conselleria. En concreto pregunta sobre “cuándo ha tenido conocimiento la Conselleria del actual brote” y “qué medidas se han adoptado para combatirlo”. También se pregunta por “el número de caballos afectados, tanto fallecidos como enfermos, de los que se ha tenido conocimiento semanalmente y en cada municipio desde que se tuvo conocimiento del brote de rinoneumonía equina”.
Asimismo, Barrachina pregunta si “tiene previstas medidas de ayuda y apoyo a la ganadería equina con motivo del actual brote”.
Por último, Miguel Barrachina ha señalado que “el sector está alarmado por el alto riesgo y la falta de control porque se transmite por animales asintomáticos y es necesario un distanciamiento y más medios y material para luchar contra esta epidemia. No se sabe si el brote está controlado porque faltan controles, seguimiento y trazabilidad de las explotaciones de destino”.
