El alcalde de València, Joan Ribó, y el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, han firmado este martes el convenio entre las dos administraciones que permitirá reducir a la mitad la tramitación de los proyectos empresariales declarados como prioritarios, según lo previsto en la Ley de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios (LAIP) de la Generalitat. Tal como ha subrayado el alcalde, el objetivo del acuerdo es “agilizar y acelerar toda la tramitación de los proyectos empresariales ya que sabemos que, en estos momentos, es muy importante acelerar la reactivación económica”.
“Desde ese convencimiento, lo que buscamos es colaborar para, entre todos, llevar adelante e impulsar los proyectos que conlleven creación de empleo y reactivación económica con efectos de carácter social, medioambiental y de innovación, que queremos acelerar al máximo”, ha explicado el alcalde tras la firma del acuerdo, en el que también han participado la concejala de Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo, Pilar Bernabé, y la directora general de Internacionalización de la Conselleria, María Dolores Parra. El alcalde, Joan Ribó, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones, como ya se ha hecho, a lo largo de este año, en el que, ha subrayado, “hemos repartido ayudas a todo el tejido productivo, autónomos y empresas de la ciudad por importe de 28 millones de euros que, de hecho, ya hemos agotado, porque hemos sido capaces de trabajar aceleradamente y de manera conjunta, lo cual redunda en beneficio de toda la sociedad valenciana”.
El acuerdo supone la aplicación al municipio de València de la Ley de la Generalitat 19/2018, de 13 de julio, de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios (LAIP). Tal como ha explicado el conseller Climent, el objetivo es atraer a la ciudad inversiones prioritarias, y para ello, “es fundamental es que esas inversiones cada vez tengan más agilidad administrativa”, ha afirmado. “Con este convenio lo que pretendemos es que todo lo que pueda venir a València, y que el municipio vea con buenos ojos, pues que haya esa colaboración conjunta entre Generalitat y Ayuntamiento para que esas inversiones se puedan implantar a la mayor brevedad posible”.
Según establece la Ley, para que un proyecto empresarial pueda ser tramitado en el Punto de Aceleración a la Inversión deberá aportar a la Comunitat Valenciana un valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, desarrollo y vertebración territorial, generación de empleo, recuperación y fomento de sectores tradicionales, protección medioambiental, promoción de la inclusión social, de la igualdad y de la conciliación y la corresponsabilidad, entre otros criterios. Además, el proyecto deberá ser mantenido por un período no inferior a tres años. Con carácter general, los proyectos deberán cumplir, por lo menos, con uno de estos dos requisitos: que supongan la generación de diez o más puestos de trabajo con contrato indefinido a jornada completa, o que impliquen la realización de una inversión en activos fijos (excluyendo los inmobiliarios) por importe igual o superior a 600.000 euros. Para el desarrollo del acuerdo, el Ayuntamiento designará una persona interlocutora con el Punto de Aceleración a la Inversión que prevé la Ley, quien trasladará los proyectos susceptibles de ser declarados prioritarios, que serán designados como tales por la Comisión Técnica de Inversiones.
La concejala Pilar Bernabé ha recordado que en estos momentos, el Ayuntamiento ya tiene en marcha la Oficina de Inversiones, “y a partir de la firma de este acuerdo, esta Oficina evaluará cuáles son aquellas inversiones que se consideran prioritarias”. “De hecho –ha añadido Bernabé- en el Ayuntamiento ya hay inversiones que han tenido esta consideración y han seguido sus cauces; pero lo que hacemos ahora es un paso más de colaboración con la Generalitat para conseguir mayor eficacia, como ya se ha hecho, por ejemplo, con el Plan Resistir”.
Por su parte, la directora general María Dolores Parra, ha explicado que el convenio permitirá reducir a la mitad los plazos de tramitación de los proyectos que se implanten en la ciudad y que aporten un valor añadido a nuestra sociedad, valores ambientales, de innovación o sociales.
