21 de julio de 2022
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió de Llauradors i Ramaders (LA UNIÓ) se han reunido esta mañana con la Consellera de Agricultura, Mireia Mollà, y con el secretario autonómico, Roger Llanes, para abordar las principales reivindicaciones del sector en el tramo final de la legislatura. Hace dos años las organizaciones agrarias en su conjunto presentaron una hoja de ruta de la cual todavía quedan numerosos aspectos por abordar. Por ello, AVA-ASAJA y LA UNIÓ han reclamado a la Conselleria que realice un esfuerzo y dé respuesta urgente a las principales problemáticas a las que se enfrenta el sector agrario valenciano, especialmente aquellas destinadas a lograr que los precios que perciben los agricultores estén por encima de los costes de producción.
Ambas organizaciones agrarias han recordado que la campaña pasada fue un desastre para la mayoría de los cultivos y ganaderías, muestra de ello es el aumento exponencial de explotaciones abandonadas por la falta de rentabilidad. Además, los primeros tratos comerciales para la próxima campaña citrícola no cubren los costes de producción. La ley de la cadena no está siendo efectiva y la AICA, a pesar de sus actuaciones, no logra acabar con esta problemática. Por este motivo, desde AVA-ASAJA y LA UNIÓ apostamos por una AICA valenciana rigurosa y reclamamos que la Conselleria la ponga en marcha a la mayor celeridad. La creación de este organismo, que ya ha sido aprobada pero todavía no está formalizada, debe contar con un registro obligatorio de todos los contratos que se realicen de compraventa, así como dotarse de un organismo público que estudie y haga públicos los costes medios de producción de los principales cultivos y ganaderías, y un observatorio de precios que haga un seguimiento continuo de las campañas de comercialización. Asimismo, debe llevarse a cabo un control e inspección de los contratos, de modo que cuando se detecten distorsiones, esta AICA valenciana actúe de oficio iniciando una investigación. Además es necesario que se implique en la inspección de los puntos de venta controlando la procedencia de las producciones, la calidad, etc.
En relación con la nueva ley de gestión de residuos ambas entidades han solicitado que en el futuro reglamento se especifique y se solucione el problema de los restos agrarios mediante trámites y autorizaciones simplificados que no supongan una carga burocrática a los agricultores.
Desde las organizaciones agrarias (AVA-ASAJA, LA UNIÓ y Cooperativas) se presentó a la Conselleria un documento con propuestas para dar solución al problema de “la pinyolà” en los cítricos que requieren de un presupuesto para 2023 que incluya medidas como la reconversión, el uso de mallas y la geolocalización/chips de las colmenas, que impidan la producción de semillas en los cítricos.
Otro de los problemas abordado en la reunión ha sido el crecimiento incesante de fauna salvaje que provoca pérdidas que superan los 35 millones de euros en el sector agrario y ganadero de la Comunitat Valenciana. Los dirigentes agrarios han reclamado que se implementen de forma urgente medidas para controlar la población de estas especies.
Por otra parte, las organizaciones han solicitado a la Conselleria que apoye a los colectivos de entidades de riego de las cuales forman parte productores de diversos cultivos, convencionales y ecológicos, puesto que requieren de un cambio en el método de fertilización con un sobrecoste económico que debería compensar la administración durante el primer año, así como facilitar la incorporación de técnicos especializados para la planificación del abonado.
Las organizaciones también han hecho énfasis en la necesidad de que el papel de las OCAPAS deje de ser meramente burocrático y se conviertan en la parte del servicio de transferencia de la Conselleria al que los agricultores pueden acudir a asesorarse. Estos centros también deberían realizar informes de la situación de cada comarca respecto a plagas y enfermedades, daños meteorológicos, etc. a fin de que la Conselleria disponga de una información correcta de la situación de cada territorio. Por otra parte, ambas entidades han señalado la importancia de que en los trámites burocráticos se unifiquen criterios, de los cuales también hagan participes a las organizaciones agrarias, de tal manera que para una misma tipología de expediente cada OCAPA no exija documentación diferente.
AVA-ASAJA y LA UNIÓ han valorado el esfuerzo de la Conselleria en materia de subvenciones a los seguros agrarios, pero han exigido que esta aportación se ponga en valor frente a las decisiones que puedan tomar Agroseguro y Enesa en contra de los intereses del sector agropecuario valenciano.
Finalmente, las dos organizaciones agrarias han abordado la importancia de crear un fondo de crisis que reciba partidas presupuestarias anuales por parte de la Conselleria de agricultura para poder atender situaciones de desequilibrios económicos en el sector. Asimismo, AVA-ASAJA y LA UNIÓ han recordado que la ley de estructuras no solo está pensada para concentrar parcelas, también debe abordar el tratamiento fiscal de las compras y ventas para facilitar este proceso. Por último, ante el escaso éxito de esta norma en cuanto a explotaciones en común para acabar con el minifundio, las organizaciones agrarias han propuesto la creación de explotaciones piloto a nivel provincial para que los agricultores puedan conocer el funcionamiento de este modelo y comprobar que es una solución útil.
