Valencia. 19-12-2021.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha anunciado hoy que el PP ha enviado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia una propuesta de Declaración Institucional para mostrar una condena enérgica y el absoluto rechazado a la campaña de acoso y amenazas dirigidas contra un menor de 5 años y su familia en Canet de Mar.
“Esperamos que todos los grupos políticos se sumen a esta Declaración Institucional en el próximo pleno y no se excusen en cordones sanitarios para no firmarla. Todos los demócratas debemos condenar esta campaña deleznable y exigir que se vele y se garantice la seguridad del menor y de su familia que sólo quiere estudiar en castellano” ha afirmado Catalá.
El PP ha condenado el silencio institucional del Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido que el Ayuntamiento de Valencia, como tercera capital de España, muestre su solidaridad con la familia. “El Gobierno y el resto de instituciones implicadas deben garantizar la integridad y el interés superior del menor en defensa de sus derechos conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia” ha señalado Catalá quien ha exigido al Gobierno que garantice el cumplimiento de la sentencia del Supremo que obliga a impartir un 25% de horario escolar en castellano.
La declaración institucional recuerda que tras la decisión del Tribunal Supremo donde se avalaba la obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 25% del horario escolar en castellano, se ha iniciado una campaña alentadas por entidades radicales separatistas y por el propio gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha considerado como ataque muy grave la sentencia tanto del TSJC como del Supremo.
Dicha campaña incluye amenazas, difusión de datos personales de la familia y un señalamiento público y constante de la familia, acompañado del vacío y el señalamiento al menor durante las clases. Una especia de “apartheid” moderno que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún ciudadano ni por ninguna institución pública en una democracia como la española.
Las resoluciones judiciales que no hacen más que aplicar lo establecido por la Constitución y las leyes ya que, como fija nuestra Carta Magna, “el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla” (Art. 3.1 CE). “No podemos permitir que en nuestro país haya familias a las que se les impida ejercer un derecho reconocido por la Constitución”, ha afirmado Catalá.
