El Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022. Se trata de las cuentas públicas para la recuperación justa, que tienen como objetivo la consolidación de la recuperación económica y social tras la pandemia, con dos herramientas: la inversión productiva como palanca del crecimiento y la transformación de la economía y la inversión social para avanzar hacia una sociedad más cohesionada y con menos brechas.
Estos dos instrumentos que definen los PGE para 2022 incluyen como refuerzo la inyección de 27.633 millones de euros procedente de los fondos europeos.
En el acto institucional celebrado hoy, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2022. En la presentación también han participado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, y la subsecretaria de Hacienda y Función Pública, Pilar Paneque.
Con la entrega de los Presupuestos en la Cámara, comienza el proceso de su tramitación en un contexto, como ha explicado Montero en su comparecencia, muy diferente y mejor al de la presentación hace un año de las cuentas públicas para 2021, lo que da muestra de una gestión económica que ha permitido una recuperación rápida.
Así, como ha desgranado la ministra, hace doce meses en España no había ni una sola persona vacunada, la incidencia de la pandemia superaba los 450 casos por cada 100.000 habitantes, la economía española venía de recientes caídas del PIB del 21%, el déficit escalaba hasta los dos dígitos y casi un millón de trabajadores estaban en ERTE. En el momento de presentar el Proyecto de PGE para 2022, hay 37 millones de personas vacunadas, la incidencia acumulada está por debajo de los 50 casos, la economía española es una de las que más crece y crecerá en Europa, el déficit baja a ritmos del 30% y hay más gente trabajando que nunca.
“El cambio que ha experimentado España en un solo año, gracias a la ciencia y al esfuerzo cotidiano de tantos españoles, fundamentalmente de su clase media y trabajadora, de sus pymes y de sus autónomos, nos demuestra nuestra fortaleza como sociedad”, ha celebrado la ministra.
Pero Montero también ha señalado las vulnerabilidades y los retos a los que aún se enfrenta España y que los Presupuestos de 2022 abordan de manera prioritaria, como el acceso a la vivienda o el paro, problemas que tienen una mayor incidencia en la juventud. En este sentido, las cuentas públicas tienen partidas por 12.550 millones de euros para el segmento de población más joven, prácticamente el doble que en 2021.
Mejorar el acceso a la vivienda y reducir el paro juvenil
En materia de vivienda, se incrementa la dotación un 46%, hasta los 3.295 millones de euros, cifra en la que se incluyen los 500 millones de euros destinados a incrementar la oferta de vivienda en arrendamiento a precio asequible y los 200 millones para el bono joven para el alquiler.
En cuanto al empleo juvenil, se incorporan las inversiones en mejorar la capacitación de los estudiantes, con un presupuesto en Educación que supera por primera vez los 5.000 millones de euros, el 44% del mismo (2.199 millones, la mayor cifra histórica) destinado para becas. A éstas se unen las que pondrá en marcha el Ministerio de Justicia para las personas aspirantes a la judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado o la Administración de Justicia. También se incluyen medidas contra el abandono escolar temprano, la mejora de los resultados educativos y el fomento de la equidad y la calidad del sistema educativo, como la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de infantil de titularidad pública o las al menos 1.000 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades.
A todo ello se unen las inversiones en la transformación de la formación profesional en las que están incorporados los 2.076 millones de los fondos europeos y que tienen el objetivo de alcanzar las 200.000 nuevas plazas en cuatro años. Y también 750 millones para Empleo Joven, además de los 1.412 millones con que cuenta el Plan Nacional de Competencias Digitales.
Inversión para impulsar la productividad de la economía
Otro de los retos a los que se enfrenta España y al que se ha referido la ministra por constituir una de las prioridades de los Presupuestos es la mejora de la productividad, la competitividad y el tamaño de las empresas. A cumplir estos objetivos está destinado el Plan de Impulso a la Pyme, que está dotado con 2.140 millones procedentes de los fondos europeos.
Las cuentas públicas para 2022 incluyen, asimismo, la mayor partida de la historia en Investigación, Desarrollo e Innovación y Digitalización: son 13.298 millones de euros, casi el doble que hace dos años. Están previstas medidas para atraer y retener el talento y para mejorar las condiciones laborales de los investigadores.
En general, los PGE del próximo ejercicio contemplan una inversión pública récord de 40.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,6% interanual. El objetivo: sentar las bases de un nuevo modelo productivo para que España sea más competitiva.
Sectores destacados por los recursos que se les destinan son la industria y la energía (11.316 millones), con el foco puesto en la aceleración de los procesos de digitalización, automatización y adaptación de las cadenas de valor y la logística. En particular para la reconversión y la reindustrialización se dedican 707 millones de euros.
En políticas energéticas se invierten 3.817 millones de euros, que incluyen la ampliación del bono social térmico, los 445 millones de apoyo al vehículo eléctrico, los 630 millones para el desarrollo de energías renovables innovadoras; los 555 millones para hacer de España un referente en hidrógeno renovable; o los 435 millones para transformar los edificios de la Administración y hacerlos más eficientes.
Al sector agrícola y pesquero les corresponden 8.844 millones. Y se refuerzan también dos sectores especialmente golpeados por la pandemia: el turismo y la cultura. Al primero le corresponden 1.700 millones para mejorar su capacidad competitiva. Y al segundo, 1.589 millones, lo que supone un incremento del 38,4%, cifras en las que se incluyen los 210 millones de euros correspondientes al bono cultural destinado a los jóvenes que cumplan 18 años.
Aumenta también el presupuesto destinado a Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes: sumando los recursos nacionales y los europeos, alcanza los 11.841 millones de euros. En carreteras se invertirán 2.300 millones; en ferrocarriles, 5.442 millones; en puertos y aeropuertos, más de 1.700 millones; en infraestructuras hidráulicas, 995 millones; y en inversiones que persiguen regenerar las costas, 233 millones.
Inyección de los fondos europeos
Los fondos europeos que corresponden a España en 2022, los 27.633 millones de euros, se destinan en prácticamente un 90% a inversiones. “A menudo se abusa del término histórico, pero créanme que los fondos europeos nos sitúan ante una oportunidad única para abordar el mayor proyecto reformador de España desde la Transición”, ha asegurado Montero.
Asimismo, la ministra ha destacado cómo los fondos europeos se gestionan en colaboración entre el Estado central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. “La cogobernanza que iniciamos el año pasado se refleja también en estos Presupuestos”, ha insistido Montero.
En particular, las CC AA recibirán 8.712 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (a los que hay que sumar los 2.000 millones que suponen la partida correspondiente a 2022 del fondo REACT), y los Ayuntamientos, otros 2.050 millones.
Sectorialmente, los destinos más relevantes de los fondos europeos son política industrial (3.184 millones); rehabilitación de vivienda (2.839 millones); plan de choque de movilidad sostenible (2.184 millones); e impulso a la pyme (2.140 millones).
Cohesión territorial y social
Los Presupuestos también incluyen partidas por 4.200 millones de euros para combatir otro gran desafío: la despoblación y el reto demográfico. Entre las medidas más relevantes se cuenta la inversión de más de 153 millones de euros en el despliegue del 5G en municipios pequeños, con lo que se mejorará la cobertura a un mínimo de 800.000 habitantes ubicados principalmente en áreas rurales. También, proyectos de movilidad rural (76 millones); de mejora energética (350 millones); el fomento del turismo de interior (223 millones); el impulso de la competitividad de los sectores agrícola y ganadero (76 millones); así como para apoyar los cuidados de larga duración en zonas en riesgo demográfico (290 millones).
Las medidas para ahondar en la cohesión social son, junto a la inversión, las grandes protagonistas de las cuentas públicas. La inversión social alcanza los 240.375 millones de euros en el Presupuesto nacional -seis de cada diez euros de gasto-, cifra que llega a los 248.391 millones cuando se incorporan los fondos europeos.
Algunos hitos de ese esfuerzo presupuestario contemplan que el Ministerio de Sanidad vaya a contar en su Presupuesto nacional con el triple de recursos para vacunas, atención primaria, ampliar los servicios de salud bucodental o para poner en marcha un nuevo plan de salud mental. Además, el gasto en dependencia se incrementa un 23,3%, dotando con 400 millones más el nivel mínimo y con más de 200 millones adicionales el nivel acordado, todo ello para que las Comunidades Autónomas mejoren las prestaciones y reduzcan la lista de espera.
La partida para las pensiones aumenta un 4,8%, lo que cubre la revalorización de las pensiones contributivas con la media de IPC que se registre en noviembre y la subida del 3% que tendrán las mínimas y no contributivas.
Para protección social se contemplan 4.436 millones que financiarán el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones. A ello hay que sumar la protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales, políticas que se dotan con 199 millones de euros, lo que supone un incremento de 40 millones, especialmente dirigido a impulsar el desarrollo de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y también la partida para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se dota con 7 millones más, para alcanzar los 35 millones.
Las políticas de igualdad de género cuentan con el mayor presupuesto de su historia, que supera los 500 millones de euros por primera vez, tras crecer un 14% respecto a 2021. Algunas de sus partidas más relevantes son el programa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que contará con 225 millones; el Plan Corresponsables, que se dota con 190 millones; y las políticas para prevenir la violencia de género rebasan los 200 millones de euros por primera vez.
Los ingresos fiscales crecerán un 8,1% en 2022
La ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado que el cuadro macroeconómico refleja mejoras en el mercado de trabajo, en el consumo y en la inversión y todo ello se traduce en un incremento de la recaudación tributaria. En concreto, se prevé un aumento de los ingresos fiscales del 8,1% en 2022, una cifra prudente si se tiene en cuenta que en 2021 el crecimiento previsto es inferior al de 2022 y este ejercicio la recaudación cerrará con una mejora del 10,8%.
Montero ha detallado las previsiones de recaudación por figuras fiscales. Así, los ingresos por IRPF alcanzarán los 100.132 millones de euros, lo que supone un ascenso del 6,7%, debido al aumento de las rentas de las familias como consecuencia de la creación de empleo y la mejora de los salarios. A ello hay que sumar que la declaración anual de IRPF de 2021 que se presentará a partir del próximo junio incorporará los efectos de la subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del capital que se incluyeron en los PGE de 2021.
El IVA mejorará su resultado un 9,5%, hasta los 75.651 millones de euros, debido al aumento del consumo.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se espera que la recaudación llegue a los 24.477 millones, lo que supone una subida del 11,8%. Ello, por tres razones: la mejora de los beneficios empresariales, las menores devoluciones y por la medida que se aprobó el año pasado por la que se limitaba al 95% la exención por dividendos y plusvalías y cuyo mayor efecto se verá en la presentación de la declaración anual que se realizará en 2022.
Los Impuestos Especiales, por su parte, registrarán una subida de los ingresos del 8,2%, hasta los 21.843 millones de euros. Dentro de éstos, el Impuesto sobre Hidrocarburos, que representa la mitad de la recaudación, registrará un avance de su rendimiento del 7%, hasta los 12.418 millones.
Las previsiones también recogen un aumento de la recaudación del impuesto sobre la electricidad de 400 millones: es un tributo que ingresan en su totalidad las Comunidades Autónomas y que se ha rebajado en 2021 para mitigar los efectos de la subida del precio de la energía en la factura. La estimación de ingresos se ha realizado con la legislación vigente, pero la ministra ha afirmado que se pueden tomar nuevas decisiones fiscales si se considera necesario en el futuro, ya que los Presupuestos cuentan con margen para ello.
Medidas tributarias de las cuentas públicas
Del mismo modo, María Jesús Montero ha desgranado las medidas tributarias que incluyen los PGE de 2022. Éstas se limitan a tres. La ministra recordó que actualmente está constituido un comité de personas expertas para la reforma fiscal que entregará sus conclusiones en febrero. “Como señaló el presidente del Gobierno, ahora la prioridad es crecer y crear empleo”, aseveró Montero.
La primera novedad fiscal a la que se ha referido ha sido el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las empresas con facturación superior a 20 millones de euros o que constituyen un grupo consolidado.
En este sentido, la ministra ha celebrado el acuerdo alcanzado la semana pasada en París por 136 países para impulsar una tributación mínima global del 15% en el Impuesto de Sociedades y acabar con la competencia desleal que sufren las pymes en comparación con las grandes corporaciones.
Como ingrediente para lograr una tributación mínima efectiva del 15% también de las empresas que se dedican al alquiler de viviendas, los Presupuestos incluyen la reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%. Es una medida que se incluye en la futura Ley de Vivienda y que se incorpora ya en las cuentas públicas de 2022.
En total, con los cambios en Sociedades, el Estado ingresará 421 millones de euros más.
En segundo lugar, los Presupuestos incluyen la limitación a 1.500 euros de la reducción por aportaciones a planes de pensiones que figuran en el IRPF desde los 2.000 euros actuales. Este beneficio fiscal es muy discutido tanto por la Comisión Europea como por la AIReF por su carácter regresivo y por primar un tipo de vehículos de ahorro sobre otros.
También en el capítulo del ahorro previsor, se refuerza el incentivo fiscal para los planes de empleo: el límite para la empresa se eleva hasta los 8.500 euros, mientras que el umbral conjunto (empresa y trabajador) se mantiene en los 10.000 euros. Con ello, se promueve el esfuerzo compartido entre trabajadores y empresas para impulsar el segundo pilar del modelo de pensiones, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Además, como novedad, se le da la opción al trabajador de igualar su aportación a la de la empresa, sin que la suma de las dos supere los 8.500 euros.
En tercer lugar, se prorrogan los límites actuales que permiten tributar por el sistema de módulos en el Impuesto sobre la Renta y en el IVA, una medida que se toma en beneficio de los autónomos. Se beneficiarán 62.905 declarantes del IRPF y 73.935 contribuyentes del IVA. Ahorrarán 114,7 millones de euros.
Por último, se incorporará un epígrafe específico en el Impuesto sobre Actividades Económicas para periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación, en respuesta a la petición de las asociaciones profesionales.
La titular de Hacienda se ha referido también al compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. De esta manera, la Agencia Tributaria tendrá un presupuesto cercano a los 1.700 millones de euros, el mayor registrado hasta la fecha. Además, su plantilla se reforzará con 1.043 efectivos más.
Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos continuarán contando con recursos extraordinarios procedentes del Estado central.
En particular, las CC AA ingresarán 7.004 millones de euros al margen del sistema de financiación, cifra que resulta de sumar la cobertura de las liquidaciones negativas de 2020 y la compensación por el SII IVA, el sistema que puso en marcha el Gobierno de Rajoy y que perjudicó las cuentas autonómicas.
Sumando los recursos del sistema de financiación (108.792 millones), los fondos europeos (10.712 millones, incorporando el REACT) y la transferencia extraordinaria (7.004 millones), las Comunidades Autónomas contarán el próximo año con 126.508 millones de euros.
Por otro lado, las inversiones territorializadas del capítulo VI alcanzan los 13.000 millones de euros, lo que supone un ascenso del 1,5%. Las transferencias de capital, el dinero que el Estado da a las comunidades autónomas para que sean ellas las que inviertan, prácticamente se duplica, al pasar de los 787 millones a los 1.491. Las inversiones cumplen las disposiciones estatutarias que rigen en muchas Comunidades Autónomas.
Los territorios autonómicos han recibido en cuatro años de Gobierno progresista 490.161 millones de euros, un 36% más que en los últimos cuatro años del Gobierno del PP. Sin el apoyo de la Administración central, no habría sido posible que las CC.AA. hubieran logrado por primera vez bajar de los 30 días el periodo medio de pago a proveedores, un hito que se ha conseguido en medio de una pandemia y tras una fuerte caída del PIB.
En cuanto a las Entidades Locales, recibirán en 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, que ascenderán a 22.062 millones de euros. A esa cifra hay que sumar los 1.228 millones de euros adicionales. Con ello, el conjunto de la financiación subirá un 17% con respecto a un año antes.
Los Presupuestos también incluyen una transferencia a los Ayuntamientos por 2.050 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
La ministra de Hacienda y Función Pública ha anunciado, asimismo, que se pondrá en marcha un mecanismo de pago a proveedores para los Ayuntamientos que están incumpliendo el periodo medio de pago. Será una medida dirigida a un pequeño porcentaje de municipios, ya que el 80% de ayuntamientos y diputaciones paga a un plazo inferior a los 30 días.
“Son unos Presupuestos en los que todo el mundo puede verse reflejado y puede sentirse identificado, pues son unas cuentas diseñadas para resolver los problemas de los españoles, los del día a día, y también anticipar reformas necesarias para el mañana”, ha concluido María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.
