– La consellera pide una hoja de ruta con la participación del Ministerio de Hacienda para conseguir que las comunidades tengan mayor autonomía a la hora de determinar sus necesidades de empleo público
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública ha reclamado que se eliminen las tasas de reposición que aún siguen vigentes para acabar con el exceso de temporalidad en las plantillas de la Generalitat Valenciana. Así lo ha defendido durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, celebrada este jueves mediante videoconferencia y que ha sido presidida por el ministro del ramo, Miquel Iceta.
En el encuentro, en el que también ha participado el resto de autonomías, se ha debatido sobre la reforma que el Gobierno central pretende llevar a cabo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas a un máximo del 8%. Esta reducción afectaría a las plazas de carácter estructural que estén ocupadas ininterrumpidamente desde, al menos, el 31 de diciembre de 2017 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización de los años 2017 y 2018 previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público.
Bravo ha recordado que “la cuestión de la temporalidad hay que abordarla de una manera transversal y estudiando fundamentalmente cuáles son sus causas ya que en muchas ocasiones no se trata de un problema de abuso sino, como en el caso de la administración valenciana, la gran mayoría son plazas estructurales”.
Para la titular de Función Pública, no se pueden plantear medidas para reducir la temporalidad sin abordar la supresión de tasas de reposición que impiden a las comunidades autónomas elaborar un plan de recursos humanos acorde a sus necesidades. Bravo ha recordado que “esas tasas son las que han impedido e impiden generar empleo estable”.
La consellera ha pedido tratar esta cuestión de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda para que se eliminen, o al menos se permita una mayor flexibilización de las tasas de reposición. Bravo ha asegurado que la amortización de esas plazas a los 3 años generará un problema a la hora de ejecutar las políticas públicas.
En cuanto a las pruebas de acceso al empleo público en las que participen los trabajadores y trabajadoras interinos, Bravo se ha mostrado partidaria de “dar una mayor importancia a las habilidades que han podido adquirir estos trabajadores y trabajadoras en el desempeño de su experiencia en la Administración, frente a la parte memorística más convencional, siempre dentro de los criterios marcados por el Tribunal Constitucional”, ha concluido.
