– La consellera presenta la ‘Guía de actuación de las doce unidades de valoración integral’ con las que cuentan los juzgados valencianos
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado al colectivo de operadores jurídicos (jueces, juezas, fiscales, fiscalas, abogados y abogadas) a solicitar más informes urgentes de valoración forense integral para proteger mejor a las víctimas de violencia de género. Así lo ha solicitado en la presentación de la ‘Guía de actuación de las unidades de valoración forense integral’, que se ha llevado a cabo en la Ciudad de la Justicia de València.
Esta guía ha sido elaborada por Purificación Beltrán, María Carmen Doménech, Mar Pastor, María Francisca Savall y Julia Ródenas (médica forense, psicóloga y trabajadoras sociales, respectivamente) y en ella se definen las funciones específicas, la metodología y el protocolo de actuación de cada una de las tres profesionales que integran las unidades (forense, psicóloga y trabajadora social) para realizar un buen informe y diagnóstico del contexto de violencia de manera integral. Por eso, unifica criterios, detalles del procedimiento externo e interno de comunicación con los órganos judiciales.
Además de la atención a las mujeres, la guía detalla cómo realizar las exploraciones y evaluaciones a los menores. Por último, el manual clarifica aspectos fundamentales para evaluar las valoraciones de riesgo de reincidencia del presunto agresor ya que puede darse el caso que, sin ser solicitada la valoración por el juzgado, se considere pertinente su realización y así se comunique al juez para que tome la decisión oportuna.
Según ha explicado la consellera, la guía “está diseñada para ofrecer una res-puesta especializada y multidisciplinar que permita abordar la Violencia de Género desde todas sus variantes con la inmediatez que se requiere para adoptar las órdenes de protección que se deben adoptar en 72 horas, así como otras decisiones lo largo de todo el proceso de instrucción”.
La consellera ha explicado que, el año pasado, en España se solicitaron 25.289 órdenes de protección, pero se rechazaron el 40%. En la Comunitat Valenciana la cifra se reduce al 12%, es decir que se conceden el 88% de este tipo de medidas que se solicitan a los jueces.
“Aunque la cifra es alta, -ha dicho Gabriela Bravo- no podemos olvidar que en el primer trimestre de este 2021, el sistema VioGen contabilizaba entre las tres pro-vincias, un total de 9.810 casos”. De ellos, 1.075 eran de riesgo medio, 136 de riesgo alto; 136 muy alto y 2 de riesgo extremo. A ello hay que sumar los 72 menores incluidos, 7 en riesgo alto y el resto en riesgo medio.
La inclusión de una víctima en el sistema VioGen es fruto de una diligencia policial que se suele realizar en una comisaría y que puede resultar insuficiente dado el estado psicológico de la mujer que, finalmente, acude a denunciar su situación. Además, estos atestados no contemplan una valoración integral de las condiciones socioeconómicas de las víctimas.
En este sentido, la consellera ha recordado que “en demasiadas ocasiones, los jueces deben actuar rápidamente en casos de violencia de género con poco más que las declaraciones de la víctima y del presunto agresor y, a veces, un parte de lesiones. Y con tan pocos elementos de juicio es muy difícil detectar riesgos”.
“Precisamente para ello -ha continuado la consellera- están las 12 Unidades de Valoración Integral Forense, nueve comarcales y tres provinciales, que desde 2019 están operativas y que han convertido a la Valenciana en la única comunidad que tiene este servicio que, además, es el que cuenta con mayor número de profesionales especializado en violencia de género”.
Desde su puesta en marcha, se han valorado los daños físicos, psicológicos y sociales de 1.700 mujeres y 101 menores. También se han evaluado a 306 presuntos agresores. No obstante, los juzgados sólo han solicitado 507 informes de valoración de riesgo urgente por violencia de género y, para Bravo “podían haber sido, en mi opinión, muchos más para beneficio de todos”.
“Hoy hemos sabido que ha habido más asesinatos machistas en 30 días que en 4 meses. Esta realidad, esta infamia, nos obliga a trabajar más y mejor en herramientas, recursos y coordinación para evitar posibles fallos. Y esta guía es, sobre todo, una apuesta por la coordinación para que los recursos que destinamos a luchar contra el terrorismo machista no se malogren”, ha concluido Gabriela Bravo.
