El sindicato exige que no impida la labor de los delegados de prevención y que proteja más a los 12.000 empleados de AGE
Valencia, 27 de abril de 2021
El sindicato CSIF ha insistido por escrito a Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en que instale medidores de C02 en todos los centros de trabajo de Administración General del Estado (AGE), donde desarrollan su labor alrededor de 12.000 empleados públicos. La central sindical también exige que no impida a los delegados de prevención medir la concentración de C02.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que en octubre ya solicitó a Delegación del Gobierno que instalara medidores. No obstante, desde entonces la mayoría de espacios sigue sin este método de control de la calidad del aire, fundamental en situaciones de pandemia como la actual. Por ejemplo, solamente cuatro de los 17 Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) tienen medidor.
CSIF, ante la falta de medidas, comenzó, por medio de sus delegados de prevención, a realizar pruebas de concentración CO2 en los centros de trabajo para comprobar si el resultado es menor de 800 ppm, pues a partir de esa cantidad ya se estaría inspirando un 1% del aire respirado por otra persona, por lo que habría un mayor riesgo de contagio. No obstante, en algunos espacios, como en el hall de la entrada de la oficina de la Seguridad Social en Juan Llorens, en Valencia, detectó hasta 2.720 ppm.
La central sindical relata en su reciente escrito que, ante las mediciones realizadas por CSIF, “en algunas entidades gestoras de la Seguridad Social han dado instrucciones en sus centros de trabajo para impedir llevar a cabo mediciones de concentración de C02 en sus instalaciones por parte de delegados de prevención, lo que supone incumplir la legislación vigente”.
El sindicato detalla en el documento interpuesto ante Delegación del Gobierno que “impedir realizar estas mediciones por parte de los delegados de prevención conlleva dejar vacía y sin contenido la facultad que tienen estos delegados de vigilancia de las condiciones de trabajo, y su posibilidad, al amparo del artículo 21 de la Ley 31/1995, de paralizar actividades ante riesgo grave e inminente”.
CSIF, debido a situación, solicita a Delegación del Gobierno que “no se impida realizar las mediciones de condiciones ambientales (temperatura, humedad, concentración de CO2, iluminación, etcétera) por parte de los delegados de prevención del sindicato en los centros de trabajo de AGE en la Comunidad Valenciana, se acepte nuestra colaboración y se respeten las competencias que nos asigna el artículo 36 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales”.
